El debate sobre las
devoluciones en caliente en
las fronteras de Ceuta y Melilla volverá esta semana al Tribunal Constitucional (TC), que a partir de este martes debatirá sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, el instrumento por el que se regulan estas prácticas, según adelanta este domingo el diario El País. Tal y como explica este periódico, el TC prevé limitar las expulsiones en caliente a entradas masivas y violentas dentro de las condiciones por las que pueden ser expulsados los inmigrantes que intenten acceder a España a través de las dos ciudades. Así, el Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial en España, fijará dos requisitos respecto a estas devoluciones en caliente,
avaladas en febrero por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). En relación a la información de El País, los motivos para llevar a cabo estas prácticas serán que se haya producido en masa la entrada de los inmigrantes, por un lado, y que en la misma se haya usado la violencia, por otro. Este debate que comenzará a partir de este martes en el Constitucional será el primero tras la sentencia de Estrasburgo y que tienen como finalidad también conocer la interpretación del TC a esa sentencia y, especialmente, el uso en la práctica que se podría hacer de la misma. La fórmula que se va a poner sobre la mesa del tribunal la próxima semana implica un intento de limitar las posibilidades de que las autoridades administrativas acuerden la expulsión inmediata de los inmigrantes que hayan logrado franquear la frontera ilegalmente, explica El País este domingo. Así, se recogería la sentencia de febrero del TEDH y a su vez se desalientan los saltos masivos, explican fuentes del Constitucional a este diario.
Regularizadas por Rajoy; continuadas con Sánchez
Las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ fueron regularizadas en el 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del ‘rechazo frontera’, que fue incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’. El PSOE, por su parte, mostró siempre su rechazo a las devoluciones, y las llevó al Tribunal Constitucional junto a otros grupos de la oposición. Sin embargo, a su llegada a La Moncloa, el Gobierno socialista continuó realizando este tipo de devoluciones de migrantes a Marruecos, alegando que se hace “en cumplimiento de la legislación vigente”. También optaron por mantener el recurso que había presentado el PP contra la condena del TEDH. En la vista celebrada el 26 de septiembre de 2018 para escuchar a las partes, el abogado del Estado Rafael León, nombrado por el Ejecutivo para representar a España, aseguró que “la no admisión de extranjeros no significa expulsión”. Sin embargo, y sobre este caso, de dos expulsiones de inmigrantes en la valla de Melilla, el tribunal consideró en un primer momento, en su sentencia de 2017, que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por ello, condenó al Estado a indemnizar con 5.000 euros a cada demandante.