La reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la mañana de este martes en Ceuta ha finalizado con la aprobación de varios acuerdos, como son la contratación del suministro de productos de alimentación para la residencia de mayores de Nuestra Señora de África durante los ejercicios 2025 y 2026 y la creación de los puestos de trabajo de inspector de finanzas y jefe de contabilidad para el área de Hacienda.
En ese sentido, según ha trasladado el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales “se ha autorizado como gasto plurianual la contratación del suministro de productos de alimentación para la residencia de mayores de Nuestra Señora de África durante los ejercicios 2025 y 2026, por un importe total de 340.000 euros”.
Un presupuesto que estará repartido en dos anualidades. Concretamente, serán destinados “136.000 euros en el ejercicio 2025 y 204.000 en el ejercicio 2026”.
Por otro lado, desde la Consejería de Presidencia y Gobernación, atendiendo a las necesidades establecidas por el área de Hacienda, “se ha estimado conveniente la amortización de las plazas de inspector de finanzas y de jefe de contabilidad, creándose los siguientes puestos de trabajo: jefe de área de presupuestos y contabilidad, jefe de sección de contabilidad y jefe de sección de gestión presupuestaria”, ha señalado Ramírez.
El primero de ellos, según ha detallado el portavoz del Gobierno, “podrá ser ocupado por un funcionario de carrera grupo A, subgrupo A1, o personal laboral fijo asimilado al subgrupo A1”.
Por su parte, el puesto de jefe de sección de contabilidad “también podrá ser ocupado por un A1 funcionario o personal laboral”.
“Este acuerdo se publicará en el boletín de la ciudad, abriéndose así un plazo de quince días para la presentación de alegaciones por los interesados. Y, en el caso de que no se presentara ninguna, el acuerdo se entenderá, por tanto, definitivamente adoptado”, ha concluido.
Otro de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno ha sido el llevado a cabo por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, consistente en la “autorización de la demolición de unas obras ejecutadas, por ser incompatibles con la legalidad urbanística, en la calle Lope de Vega”.
A través de este expediente se ha otorgado un plazo para la ejecución de dicha demolición y, “si no fuera realizado, con un precio estimado de unos diez mil euros aproximadamente, se actuaría por parte de la Administración de manera subsidiaria”.
Asimismo, “en estos supuestos también se incoa el correspondiente expediente disciplinario por la inflación urbanística que corresponda en base a lo establecido en el Reglamento de Disciplina Urbanística”, ha trasladado Alejandro Ramírez.
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