El Consejo de Europa ha remitido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados y al presidente del Senado en la que reclama que se aproveche la reforma parlamentaria de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores, al entender que la actual redacción "permite limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias" para los derechos humanos, incluyendo las devoluciones en caliente.
La carta, con fecha del 20 de noviembre, está firmada por la comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pide que la reforma que se está tramitando en las Cortes "elimine disposiciones que tienen el potencial de socavar la protección de los derechos humanos en España".
En concreto, la comisionada expresa sus "preocupaciones sobre el impacto negativo que ha tenido esta ley en el disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión pacífica". La ley fue aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy.
El Consejo de Europa se queja de las disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana que facilitan las expulsiones de migrantes en Ceuta y Melilla, y que han sido aplicadas también por el actual Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no retiró el recurso contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha supeditado cualquier decisión al fallo definitivo de la Gran Sala.
"Estas enmiendas no proporcionan garantías claras contra las devoluciones en caliente y las expulsiones en caliente, ni salvaguardas adecuadas para garantizar el derecho de cualquier persona a pedir asilo, independientemente del modo en que lleguen a territorio español", señala la misiva.
La comisionada pide al Gobierno que proporcione de inmediato a la Guardia Civil "directrices claras y de obligado cumplimiento" sobre cómo actuar cuando intercepten migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, "respetando plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
El Consejo de Europa justifica su petición a las cámaras en el hecho de las sanciones de dudosa legalidad, citando las multas a periodistas por grabar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado o las que se han abierto a manifestantes en convocatorias pacíficas y públicas. En este sentido, cuestiona las sanciones para quien convoque manifestaciones sin notificación previa.
También censura la comisionada que la 'Ley Mordaza' permita castigar con multas elevadas los desórdenes públicos en manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de los Diputados o el Senado. "Es particularmente importante proteger la libertad de reunión pacífica cerca de esas instituciones", defiende.
Entiende el Consejo de Europa que la redacción "imprecisa y general" de la ley da un amplio margen de discreción a la Policía a la hora de interpretarla, permitiendo posibles limitaciones desproporcionadas y arbitrarias en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.
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