El Congreso de los Diputados se quita el masculino para no ser sexista

Los parlamentarios por Ceuta, como los representantes resto del país, tendrá que acostumbrarse a un cambio simbólico pero cargado de significado: el antiguo Congreso de los Diputados será oficialmente denominado Congreso. Así, a secas, tras la aprobación de una reforma del Reglamento que introduce un lenguaje no sexista, con fórmulas más inclusivas y que deja atrás el uso del masculino genérico.

La Cámara Baja ha dado luz verde este martes a una profunda revisión de su normativa interna que, además de modificar su denominación institucional, sustituye expresiones tradicionalmente masculinas por fórmulas inclusivas y desdobles de género.

La reforma ha sido impulsada por el PSOE y Sumar, y ha contado con el rechazo frontal de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro.

Lejos de limitarse a una disposición adicional que aclarara que los términos en masculino debían entenderse también en femenino, como proponían los letrados de la Cámara, los impulsores de la reforma optaron por revisar de forma general el texto. Esta decisión ha generado un intenso debate en el seno del Parlamento.

Normas nuevas también para periodistas

Junto al nuevo enfoque de género, el Pleno ha aprobado una segunda modificación que regula la actuación de periodistas con acreditación oficial en el Congreso de los Diputados. A partir de ahora, quienes obstaculicen el trabajo parlamentario o el de los medios podrán ser sancionados con diferentes niveles de gravedad, en función de la infracción cometida.

Entre las novedades destacan las sanciones leves por acceder sin credencial a zonas restringidas, las graves por grabar fuera de espacios habilitados o interrumpir ruedas de prensa, y las muy graves por difundir imágenes obtenidas sin autorización, especialmente si vulneran la intimidad o contienen datos personales.

Le he preguntado a Patxi López por las reuniones con Aldama y ha pasado esto en la sala de prensa.

Por muchos insultos, no van a conseguir que me calle. pic.twitter.com/1zYXVv51Nf

— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) December 17, 2024

Si un medio publica contenido en contra de esta normativa sin identificar su autoría, podrá perder todas sus acreditaciones durante un periodo de entre tres meses y un día hasta un máximo de tres años. No obstante, el texto definitivo ha acortado ese plazo máximo, que pasa de cinco a tres años.

Además, se ha incluido un régimen de prescripción: las infracciones muy graves caducarán a los seis meses, las graves a los tres, y las leves a los 30 días.

La Mesa podrá exigir documentos para autorizar el voto a distancia

Otra de las novedades que incorpora esta reforma del Reglamento es la ampliación de los supuestos para solicitar el voto telemático. A partir de ahora, los diputados podrán votar a distancia no solo por enfermedad, embarazo o permiso de maternidad/paternidad, sino también durante tratamientos de fertilidad o cuando necesiten cuidar a familiares cercanos o personas dependientes.

El procedimiento será más ágil: bastará con presentar una declaración responsable, aunque la Mesa del Congreso podrá pedir documentación adicional si lo considera necesario antes de autorizar el voto remoto.

Advertencias de los letrados, ignoradas

El texto definitivo no ha estado exento de polémica jurídica. Los servicios legales del Congreso, en un informe previo, advirtieron de posibles ambigüedades en la aplicación práctica de los cambios y recomendaron acotar la reforma a una fórmula más genérica. Incluso señalaron que ciertas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica o vulnerar derechos como la libertad de información, en relación con las sanciones a periodistas.

A pesar de estas advertencias, los partidos promotores decidieron seguir adelante con la reforma íntegra. PP y Vox se aferraron a ese informe para justificar su voto en contra, criticando tanto el contenido como el procedimiento seguido.

Con esta aprobación, el Parlamento español da un paso simbólico pero relevante en el uso de un lenguaje más igualitario, aunque no sin resistencias. El cambio de nombre oficial a Congreso es la expresión más visible de esta transformación normativa.