La amplia mayoría de detenidos por la Guardia Civil entre 2013 y 2014 por usar documentación falsa para acceder o permanecer en el Ejército ha aceptado penas de casi dos años de prisión por deslealtad. En marzo de 2013 la Comgeceu sufrió una auténtica revolución. Agentes de la Guardia Civil, adscritos a la Policía Judicial, se personaban en varios cuarteles para reventar la denominada 'Operación Catedrático'. Varios soldados fueron detenidos bajo la acusación de un presunto delito de falsificación de documento público. El operativo no había hecho más que comenzar. Hasta un año después continuaron las investigaciones desarrolladas en distintas fases, sacando a la luz una auténtica trama de engaños en la que muchos se habían sabido mover como pez en el agua, presentando certificados de unos estudios que supuestamente habían superado aunque en el fondo todo era falso. Habían pagado por ello.
Las detenciones rozaron el medio centenar. La Judicial no dejó títere con cabeza, llevando al juzgado decenas de casos que encerraban sus oportunas historias. Desde los cabecillas de la trama hasta los que acudían a comprar documentos porque querían acceder a las Fuerzas Armadas o porque les había llegado el momento de la renovación o compromiso de larga duración de forma voluntaria y que, conforme a la Ley y Normativa que lo regula, le era exigidos al personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.
Aquella operación de la Guardia Civil no quedó escondida en un cajón. Tres años después de las primeras actuaciones, van conociéndose las sentencias judiciales que el Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, ha ido dictando contra soldados que han terminado condenados por delitos de deslealtad y a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro.
Ante las pruebas presentadas en la investigación bajo sello de la Policía Judicial, la amplia mayoría de las sentencias que se han ido dictando en los últimos meses se ha fijado por conformidad, es decir, después de la asunción de los cargos presentados por parte de los soldados detenidos, que aceptaron 1 año y 10 meses de prisión. Las penas de cárcel han quedado en suspenso, ya que los detenidos carecían de antecedentes, acogiéndose a un beneficio estipulado bajo la expresa advertencia de que no podrán cometer otros delitos durante un periodo de dos años, al aplicarse el nuevo Código Penal.
La deslealtad ha sido tenida en cuenta para aquellos soldados que siendo ya militares de profesión y estando destinados en unidades varias se habían aprovechado de estos documentos falsos para la suscripción del compromiso de larga duración en el Ejército. En la resolución oficial se exigía a estos soldados que presentaran la titulación debida. Y ahí llegó el problema, ya que varias de las personas que querían optar a esa permanencia no habían superado la ESO, por lo que eligieron comprar titulaciones falsas a una enlace que era la que los preparaba. Esas certificaciones falsas eran compulsadas y con las mismas los ahora condenados pretendían lograr la concesión de ese compromiso de larga duración con las Fuerzas Armadas.
La Benemérita comprobó instituto por instituto que esos certificados eran falsos, aportando a la causa una hilera de pruebas de peso suficiente como para que la amplia mayoría de los afectados se haya conformado con la calificación del Ministerio Fiscal. El delito de deslealtad está previsto y penado en el artículo 115, apartado 1º del Código Penal Militar y sanciona el engaño y el dolo de intención o de primer grado, en la medida en la que el sujeto obra con propósito de engañar o confundir al destinatario de la información. Así ocurrió en todos estos casos.
El Tribunal Militar ha sobreseído los procesos que tenían que ver con el personal que en el momento de incurrir en ese engaño no era militar profesional, al entender que no puede caber la existencia de una deslealtad, aunque sí existe el delito de uso de documento falso, de aplicación penal.
Las condenas dictadas por el Tribunal Militar llevan a parte, en el momento en que sean firmes, la apertura de un expediente para que sea Defensa el que determine la expulsión. En este proceso de resolución de compromiso se está ahora.
La imagen que más dolióLa Comgeceu colaboró con la Guardia Civil en el desarrollo de esta operación, poniéndose a su disposición para cooperar en la práctica de las detenciones. Fue sin duda una jornada que dejó imágenes que afearon a la institución castrense.