La magistrada del
Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a
los 22 acusados de un delito continuado de falsedad de documento público (tres de los acusados) y otros de falsedad de documento público (el resto). La sentencia se ha fijado por conformidad este viernes por lo que no ha sido necesaria la celebración de vista pública, aceptando todos los acusados las penas y conformándose con los hechos. Así, los acusados de delito continuado de falsedad de documento público aceptan 1 año de prisión y multa de 5 meses a 6 euros diarios (en dos de los casos) y 6 meses de prisión y multa de tres meses y medio con una cuota de 6 euros diarios (en el tercero). El resto de los acusados por delito de falsedad aceptan 3 meses de prisión y multa de tres meses con cuota diaria de 3 euros diarios. Solo una de las condenadas deberá entrar en prisión mientras que en el resto de los casos se suspende la pena durante un periodo de 2 años. Así, con este acuerdo se cierra la respuesta judicial a u
na operación que llevó a cabo la Policía Nacional en 2017, la bautizada como Operación Paloma, contra una organizada que realizaba, a través de una gestoría, contratos laborales fraudulentos a otras personas que lograban así beneficios tales como la obtención de permisos de residencia y trabajo, renovación de documentos o cobro de subsidios que no les correspondían. Los principales acusados, dos empresarios y la mujer de uno de ellos, son los que han aceptado las penas más elevadas. En este procedimiento, además de la Fiscalía, estaba personada la Acusación Particular y el abogado de
la Seguridad Social. En el caso del matrimonio condenado se indicará en sentencia el dinero que deberán abonar a la Seguridad Social en concepto de la deuda derivada de los contratos de los trabajadores que perfilaron. Para fijar la conformidad se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por causas no imputables a ninguno de los acusados. Este fraude en contratos fue descubierto después de dos años de investigaciones por parte de
la Policía Nacional. Así pudo darse con el modus operandi que se seguía desde una gestoría de la ciudad cuyo empleado -uno de los condenados- se encargaba de dar de alta en el sistema de red de la Seguridad Social a trabajadores, elaborando contratos de trabajo y nóminas. Considera probado la Fiscalía que, como parte de un plan preconcebido para obtener un beneficio patrimonial ilícito, a lo largo del año 2015 contactó con personas a quienes les ofreció formalizar contratos laborales a nombre de otras empresas o establecimientos simulando su realidad. En el fondo no iban a prestar servicio en dichas empresas pero figuraban como contratados.
Modus operandi y cobro por contratos falsos
A cambio de esa gestión abonaban distintas cantidades que oscilaban entre 800 y 6.000 euros, de acuerdo con la investigación que realizó la UCRIF. Para contratos cortos cobraban alrededor de 850 euros; para contratos de seis meses, 3.000 euros; y para los de uno o más años, 6.000. A mayor duración de simulación en el contrato se entendía que el riesgo era mayor, algo que influía en las tarifas cobradas.
Algunos contratos se hicieron a nombre de la gestoría como empresa contratante de un comercio al por menor y una cafetería de un acuartelamiento militar cuyo explotador no tenía idea de ese negocio fraudulento y, de hecho, es quien se ha personado en la causa como acusación particular al ser perjudicado por el engaño, sufriendo daños morales al haber perdido la concesión de la cafetería amén de sufrir cargas con la Seguridad Social de las que no era responsable. Así también se hacían contratos a nombre de una empresa de alimentación y una hamburguesería. Ninguno de los trabajadores que firmaban contratos para supuestamente prestar servicios allí lo hacía a pesar de estar dados de alta en la Seguridad Social por ello. Hay casos en los que una misma persona figuraba como contratada en dos empresas distintas. Los contratos falsos eran usados por los acusados para la obtención de permisos legales de residencia o trabajo, además de beneficios penitenciarios. Para el funcionamiento de esta trama se hacía uso de los datos personales que habían facilitado a la gestoría sus propios clientes con buena fe, sin saber que iban a ser usados para hacer contratos simulados en los que ellos figuraban como empleadores sin saberlo. La colaboración del SEPE y de la Seguridad Social con la Policía fue clave para la investigación.