La Sala de lo Penal número 1 de Ceuta condenó este lunes a J.M.C.V, J.J.B.M., M.G.C. y C.P.P. como autores criminalmente responsables de un delito de falsificación, otro contra la salud pública y un tercero de estafa. Los cuatro acusados reconocieron ante la titular del juzgado haber cometido los hechos que se le imputaban.
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2013, cuando J.M.C.V., actuando de común acuerdo con los otros tres acusados y aprovechando su condición de vigilante de seguridad
en el Hospital Universitario de Ceuta, se apoderó de manera fraudulenta de diversas recetas médicas de las consultas externas de Traumatología y Cirugía, a donde tenía acceso por su puesto de trabajo.
Se presume que estuvo sustrayendo estas recetas en un periodo comprendido de julio de 2013 a julio de 2014, falsificando las recetas médicas oficiales introduciendo los datos de identidad del paciente, la medicación a prescribir -principalmente Rivotril y Trankimazin- y simulando la firma de los médicos a los que sustraía las recetas. Posteriormente, entregaba las citadas recetas a J.J.B.M., quien distribuía las mismas entre los otros dos acusados M.G.C. y C.P.P., encargados de retirar los medicamentos prescritos con las recetas fraudulentas en varias farmacias de la ciudad, a cambio de una contraprestación económica y con la intención de destinar dichas pastillas a la donación o venta a terceras personas.
Se calcula que con estas operaciones obtuvieron 12.300 pastillas de Rivotril y 5.850 de Trankimazin con un valor total de 81.493,5 euros. Los acusados acudían a las farmacias con las recetas falsas, induciendo a error sobre su autenticidad, despachándose los medicamentos y causando un perjuicio económico
al Ingesa tasado en 3.813,51 euros.
Por estos hechos, y tras reconocer su implicación, los cuatro acusados fueron condenados a 10 meses y cinco días de prisión y una multa de 675 euros por la falsedad; por el delito contra la salud pública seis meses de prisión y una multa de 40.746,75 euros y por el de estafa, tres meses de prisión. Aunque se suspendieron la penas privativas de libertad, los cuatro deberá pagar, de manera conjunta, una indemnización en concepto de responsabilidad civil al Ingesa de 3.813,5 euros por el perjuicio causado.