La autoridad judicial ha impuesto una condena de 11 meses de multa con cuota diaria de 3 euros (990 euros) al subsahariano residente en el CETI de Ceuta que agredió a varios trabajadores tras haber incurrido en un delito de quebrantamiento.
El joven guineano de 19 años fue localizado por la Policía Nacional en el entorno del centro a donde había acudido para recoger a un inmigrante de nuevo ingreso. Había incumplido por tanto la orden de alejamiento impuesta respecto de 4 vigilantes y una trabajadora de cocina a quienes causó lesiones consideradas de carácter leve.
Hoy, tras ser puesto a disposición judicial, se ha dictado esta condena por conformidad, siendo aceptada por el propio detenido que había sido trasladado esta misma mañana por la Policía al Palacio de Justicia.
Este residente del CETI arrastra ya dos condenas en una semana. Ambas dictadas por conformidad y previo reconocimiento de los delitos.
La primera fue dictada por el Juzgado de Instrucción número 4 por las lesiones causadas a cinco trabajadores del centro de estancia temporal de inmigrantes ubicado en el Jaral.
A las penas de multa se añadieron indemnizaciones y medidas de alejamiento. El incumplimiento de estas últimas es lo que ha motivado la segunda de las condenas, también firme.
Según expuso el joven, había acudido al centro porque le habían comunicado que existía una gestión que afectaba a su persona y buscaba así enterarse de la misma. No obstante, el paso dado ha significado haber quebrantado una orden judicial.
Fuentes del centro del Jaral han apuntado a este medio que se trata de un residente que no está en plenas facultades. Los propios sindicatos hicieron saber incluso que había protagonizado otros hechos previos.
A pesar de estas circunstancias, la dirección del CETI no había adoptado otras medidas diferentes para, por ejemplo, no tenerlo en este lugar, lo que ha terminado dando pie a esta situación en la que ha intervenido la justicia.
El ahora nuevamente condenado no puede acercarse ni al lugar de trabajo de los lesionados, el CETI, ni a sus viviendas, ni tampoco tener contacto con ellos.
La medida tiene de extensión 4 y 8 meses, según los casos, así como una distancia de 100 metros.
Si vuelve a burlar esas órdenes impuestas tendrá que ser detenido por otro quebrantamiento más, en una espiral judicial sin límite que llevaría como extremo terminar en la cárcel.
La situación se antoja, por lo tanto, complicada de mantener, sin que se hayan adoptado medidas distintas que ayuden a abordar este caso de otra manera, sobre todo porque puede volver a producirse.
Los sindicatos han sido claros en torno a este suceso, toda vez que han respaldado a los trabajadores reclamando medidas de protección para ellos, pero no solo físicas sino también en el ámbito emocional.
Y es que en este caso se ha hablado de las lesiones, pero no de otra parte importante de lo ocurrido, que es la más emocional, la que afecta al miedo que pueden sentir los afectados o a la pérdida de autoridad sufrida en el recinto en el que trabajan.
De hecho, los vigilantes apuntan a que no se sienten respaldados ante circunstancias que se producen en unas instalaciones sometidas a repuntes de ocupación cíclicos. Por eso mismo querían forzar cambios, buscar en Delegación del Gobierno un amparo para que hechos así no vuelvan a producirse.
El ocurrido ha sido uno de los episodios más graves ocurridos en el CETI por la cantidad de heridos que ha dejado solo por la acción de una misma persona, amén de la iteración de los hechos.
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