El
joven de 17 años acogido en el albergue provisional de Piniers, que a principios de noviembre fue denunciado por una trabajadora de SAMU y recluido provisionalmente en el Centro de Reforma de Punta Blanca acusado de un presunto delito de
agresión sexual, ha aceptado por conformidad ser
condenado a seis meses de internamiento en régimen cerrado y otros tantos de libertad vigilada, según informaron ayer fuentes judiciales a El Faro de Ceuta.
Los hechos que desencadenaron el encierro del menor tuvieron lugar el 2 de noviembre,
cuando el menor volvió a “manosear” a la trabajadora, así como a agredir a la misma mujer y a otro compañero.
Tanto la Fundación SAMU, encargada de la gestión del campamento de Piniers, como el Área de Menores de la Ciudad Autónoma tuvieron conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación, ya que la víctima no se trasladó el suceso directamente a sus superiores.
El internamiento en régimen cerrado obliga a residir en el centro y a desarrollar en el mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
Libertad vigilada
Bajo la medida de libertad vigilada se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando “ayudar a superar los factores que determinaron la infracción cometida”. Asimismo, obliga a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el juez de Menores.
Durante los últimos años los internamientos por la comisión de un delito de agresión sexual por parte de menores en Ceuta han sido anecdóticos y en ningún caso han pasado de uno al año (los que se registraron en 2018, 2019 y 2020).