El
Juzgado de lo Penal número 1 condenó ayer a un auxiliar de enfermería destinado en la
prisión de Mendizábal por la comisión de tres delitos: uno continuado de hurto, otro de falsedad continuado y un tercero contra la salud pública. El acusado, R.J.M., había reconocido los hechos previamente en Fiscalía, antes del inicio del procedimiento, por lo que se le aplicó una atenuante muy cualificada que se tradujo en una rebaja de la pena, dictada ayer in voce tras una conformidad entre las partes.
Fue a partir de enero de 2018 cuando el acusado se apoderó de al menos 448 cajas de
Rivotril que suponían un total de 26.880 comprimidos que el centro penitenciario almacenaría en su farmacia. De igual manera se apoderó de diversas recetas que los facultativos de la prisión tenían en sus despachos y, tras rellenarlas, simuló las firmas de esos médicos consiguiendo la obtención de diversas cajas de Rivotril, cuyo principal compuesto es el Clonazepam.
Ante la magistrada titular del Juzgado de lo Penal, el acusado reconoció los hechos asumiendo las siguientes penas. Tres meses de prisión por el delito continuado de hurto; otros tres meses más y multa de 270 euros por el delito de falsedad continuado; 12 meses de prisión por el delito contra la salud pública a lo que se une el pago de 1.164 euros de multa. Como responsabilidad civil también se le condenó a indemnizar con 1.164 euros al centro penitenciario. A las penas privativas de libertad se añade un año de inhabilitación para el desarrollo de su empleo en la prisión.
Tras la lectura de las condenas y la aceptación de los hechos, la magistrada titular acordó la suspensión de la pena de prisión. Respecto de la inhabilitación, a pesar de que la Defensa solicitó también que le fuera suspendida, la magistrada le comunicó que debía tramitarlo por escrito. Posteriormente su señoría lo determinará en sentencia.
Los hechos ahora enjuiciados por la vía Penal tuvieron también su consecuencia dentro de prisiones, cuando comenzó a detectarse un aumento alarmante y totalmente desproporcionado de pastillas que no se ajustaba a las necesidades. Tal y como explicaron en su día desde Instituciones Penitenciarias, fueron los propios servicios médicos los que alertaron a la dirección de lo que estaba pasando. Nunca se pudo comprobar qué se hacía con esas pastillas, aunque se manejó la hipótesis de su distribución en la calle.
Al afectado se le llegó a comunicar la apertura de un expediente de suspensión de empleo y sueldo, siguiéndose un procedimiento interno en la Fiscalía.