La madrugada del 29 de abril de 2019, moría desangrado el joven tetuaní Soufian Chaikh en el puerto de Ceuta. Una puñalada le causó una hemorragia llegando ya sin vida al Hospital Universitario. Este lunes, un año después, el único detenido por este crimen ha reconocido los hechos aceptando una pena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de homicidio y otro de robo con violencia en grado de tentativa. Sus últimas palabras antes de escuchar la condena han sido para pedir perdón a los familiares.
La figura jurídica de la conformidad ha evitado la celebración de un juicio que tenía que desarrollarse bajo la figura del Tribunal del Jurado. En el banquillo se ha sentado A.S. y lo ha hecho para reconocer la autoría del homicidio después de la modificación del escrito de calificación inicial presentado por el Ministerio Fiscal.
El acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde su detención por parte de agentes de la Guardia Civil, ha reconocido que aquella madrugada estaba en el puerto y, haciendo uso de un cuchillo, comenzó a exigir a los inmigrantes que estaban por allí la entrega de sus pertenencias: dinero, pasaportes, móviles… Después se acercaría a la víctima, a Soufian, quien se negó a entregarle lo que portaba y recibió a cambio las amenazas por parte de quien terminaría quitándole la vida tras un forcejeo en el que ambos terminaron en el suelo y a golpes. Con el cuchillo le cortó la arteria femoral provocando la muerte. El acusado, no obstante, permaneció en el lugar intentando taponar la herida hasta la llegada de los servicios sanitarios y la Guardia Civil, pero nada podía hacerse ya por salvar la vida del tetuaní.
El acusado ha escuchado la pena, ya firme, por la que se le condena a 9 meses de prisión por un robo con violencia en grado de tentativa con la agravante de uso de instrumento peligroso y atenuante específica de la menor entidad de la violencia o intimidación previsto y penado en el artículo 242.1, 3 y 4 del Código Penal en relación con el 15 y 16. De igual manera se le condena a 5 años de cárcel por un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad y la circunstancia analógica muy cualificada de reparación del daño.
La magistrada ha impuesto en sentencia una orden de prohibición de aproximarse a los padres de la víctima o acercarse a su domicilio o lugar de trabajo durante 12 años además de otro prohibición de residir en Ceuta por un periodo de otros doce años. En concepto de responsabilidad civil se acuerda una indemnización de 210.000 euros a la familia del fallecido. Fruto de las investigaciones de la Guardia Civil se practicó solo esta detención pero figura otra persona en busca y captura por su presunta relación con estos hechos como cooperador.
La historia de este crimen es la lectura clara de la fatalidad. En el barrio tetuaní de Buyarrah lloraron la noticia de su muerte. Tenía 24 años recién cumplidos, permanecía en el puerto desde hacía días porque su intención era marchar a la Península colándose en alguno de los barcos que une Ceuta con Algeciras. No le dio tiempo. Acababa de cruzar el paso del Tarajal cuando, solo días después, lo mataron.
No tenía trabajo, era el ejemplo encarnado por miles de marroquíes que dejan su país para intentar un futuro tanto para ellos como para sus familias. Su familia, pobre, estaba integrada por seis hermanos, un padre albañil que había quedado en paro y su madre. Su idea era la de encontrar trabajo al otro lado del Estrecho y poder enviar así dinero a sus familiares. No pudo hacerlo. Cruzó con 800 dirhams en sus bolsillos y el pasaporte. Entró en Ceuta un sábado y el lunes lo mataban. Hoy sus familiares ni siquiera han podido cruzar la frontera, cerrada desde el pasado 13 de marzo, para conocer in situ la sentencia en contra de quien arrebató la vida de este joven.
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