La reforma del Código Penal tiene su incidencia más sangrante en los delitos contra los derechos de los extranjeros. La reducción de las condenas es tal que, de no existir riesgo para la vida de los inmigrantes introducidos de forma irregular en territorio nacional, su pasador recibe condenas que evitarán su ingreso en prisión.
Esto es lo que le ha ocurrido a un marroquí con carta de identidad italiana. Tras ser detenido por la Policía Nacional después de cruzar la frontera, con una mujer indocumentada tumbada en el suelo de su vehículo, tapada con mantas y maletas, además de un niño de 5 años, escondido entre el hueco del asiento delantero y trasero, se le ha impuesto una condena por conformidad de dos años de prisión. Dicha pena quedó suspendida ya que el acusado carecía de antecedentes, aplicándosele además la prohibición de acudir a Ceuta durante ese mismo periodo, de acuerdo con la sentencia firme y por conformidad dictada por el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
La calificación inicial del Ministerio Fiscal elevaba la petición de cárcel a 9 años, pero la reforma del Código Penal ha terminado por beneficiar al acusado tras considerarse que no existió riesgo para la vida de los dos indocumentados, ambos de origen marroquí. La Policía le encontró al acusado 2.120 euros en su poder, junto a más de 55.0000 dirhams, suma que podría proceder del pago por facilitar el pase de ambos inmigrantes. Casos como éste se repiten a diario en los juzgados.
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