La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 condenó ayer a B.M. a 18 meses de prisión y al pago de un multa de 900 euros por un delito de estafa, que se produjo cuando la acusada falsificó varios documentos oficiales con el fin de obtener ayudas y beneficios de la Administración Pública.
Los hechos se remontan a 2015, año en que B.M. falsificó el título de Graduado Escolar, manipulando los datos del mismo al cambiar su nombre por el de la verdadera titular del documento. Con ello, la acusada pretendía obtener ayudas públicas.
Asimismo, elaboró dos nóminas a su nombre relativas a contratos de trabajo como ayudante de hostelería. En este caso, hizo figurar las fechas de diciembre de 2014 y febrero de 2015 con el fin de conseguir el alquiler de una vivienda.
Entre enero de 2014 y abril de 2016, y gracias a la utilización de la citada documentación, la acusada disfrutó indebidamente de ayudas para el pago del alquiler que impulsa el área de Asuntos Sociales de la Ciudad, así como otra subvención de Cruz Blanca para el pago del suministro eléctrico causando, con todo ello, un perjuicio económico a ambas entidades.
Los hechos por los que ayer fue juzgada integran un delito de falsificación de documento público, otro de documento privado y un tercero de defraudación a la Seguridad Social.
B.M. deberá restituir a la Ciudad la totalidad de las cantidades percibidas, cuyo coste asciende a 10.140 euros. Además, también fue condenada a tres años de inhabilitación especial para obtener subvenciones públicas.
La acusada reconoció los hechos por los que ayer se sentó en el banquillo y se conformó con la sentencia impuesta por la magistrada, aunque no deberá ingresar en prisión, ya que la pena privativa de libertad ha sido sustituida por dos años de responsabilidad personal subsidiaria, periodo durante el cual no podrá cometer ningún delito o, en caso contrario, sí cumpliría los 18 meses de prisión.
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