La magistrada titular del
Juzgado de lo Penal número 2 ha condenado a una vecina de Ceuta a una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros por incurrir en un delito de coacciones, lo que hace un total de 2.180 euros. La sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, se refiere a unos
hechos ocurridos en septiembre de 2019 en una vivienda ubicada en la calle Virrey Conde de Vergara propiedad de la acusada, que dieron pie a un conflicto entre casera y morador de la vivienda, porque el segundo no pagaba alquiler y la primera terminó cambiando la cerradura para impedir el acceso a la casa.
Fue la propia acusada la que reconoció en el acto de juicio oral que había acudido a la vivienda de su propiedad con familiares suyos para cambiar la cerradura, aprovechando que el morador no se encontraba. Este le había pedido unos días para abandonar la casa ya que no tenía a donde acudir, a lo que la acusada accedió. En su declaración indicó que, pasado el tiempo, se presentó en la casa pensaba que ya no había nadie porque el morador no respondía a las llamadas telefónicas ni al timbre de la puerta, ni tampoco había luz. Cuando entraron comprobó que en su interior había muebles destrozados y gran cantidad de basura. En su defensa indicó que solo pretendió cambiar la cerradura con el convencimiento de que la casa es de su propiedad y pensando que nadie había en su interior, dadas las condiciones de insalubridad en las que se la encontró.
Entiende la magistrada que la acusada procedió a recuperar la vivienda “de manera violenta y con una acción reveladora de fuerza en las cosas, cambiando la cerradura, obviando los procedimientos legales que nuestro ordenamiento pone a su disposición para la correcta recuperación de la misma por los cauces legales”, expone en sentencia. Una aseveración probada por las propias manifestaciones de la acusada y los testigos que comparecieron.
El actual morador no era la persona que había firmado el contrato de alquiler, ya que este fue suscrito por su exmujer. No obstante tras cumplirse el año de contrato y marcharse esta de la casa, el denunciante había pedido permanecer con sus hijos comprometiéndose a pagar en cuanto cobrara unas ayudas, algo que nunca hizo. No ha quedado demostrado que el denunciante tuviera la legitimidad para continuar con el disfrute y uso de la vivienda propiedad de la acusada, por lo que se ha optado en sentencia por aplicar la condena más adecuada, sin caber imposición de indemnización.