La historia copó portadas en los medios de comunicación: año 2015, junio, madrugada en el Poblado Marinero que termina con una auténtica batalla campal con varios heridos de diversa consideración y con policías nacionales implicados, algunos de ellos de un grupo de la UIP que en ese momento estaba destacado en la ciudad.
Ayer el jucio por estos hechos estaba señalado en el Juzgado de lo Penal número 1, pero un acuerdo previo evitó su celebración después de que los implicados reconocieran los hechos, fijándose tras las negociaciones de los abogados que defendían los intereses de las partes, las condenas para todos ellos.
Así, por un lado tres de los agentes asumieron una responsabilidad en unas lesiones sin instrumento peligroso por lo que quedaron condenados a multa de 6 meses a dos euros diarios, mientras que los otros dos (integrantes de otro grupo actuante en la pelea) estaban acusados de una falta que ya no está tipificada penalmente por lo que solo asumieron una responsabilidad civil. En cuanto al pago de indemnizaciones a las personas que resultaron perjudicadas en esta tangana, se contemplaron diversas según la implicación de los agentes y los daños causados. Según el relato de hechos del Ministerio Fiscal, aquella madrugada del 19 de junio se inició una discusión entre los agentes de la UIP que estaban de paisano y la propietaria de un establecimiento, que terminó con esta zarandeada y lesionada al igual que su hijo que había acudido en ayuda a su progenitora. Otras personas fueron en ayuda de madre e hijo y también terminaron siendo agredidas. Agentes de la Policía Nacional de Ceuta intervinieron en el local, llegando a desmadrarse toda aquella situación ya que se terminó haciendo un uso de fuerza mayor que terminó con lesiones a los componentes de la UIP que habían iniciado la tangana. Hubo patadas, un botellazo en la cara, hematomas...y aquella noche terminó con la detención o identificación de todas las personas, entre ellos cinco agentes del CNP.
El acuerdo alcanzado evitó la celebración de juicio y se salda con el abono de las indemnizaciones para frenar una condena mayor con solicitud de hasta 3 años y medio de cárcel.
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