Con casi 60 minutos de retraso respecto a la hora de inicio prevista, debido a un problema informático que obligaba a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 a utilizar el ordenador del auxilio judicial, comenzaba el juicio contra A.M.P., por un delito contra los derechos de los trabajadores y de homicidio ocasionado por imprudencia grave y profesional que terminó con la vida de J.P., empleado de su empresa, el 30 de octubre de 2014.
El acusado, que se conformó con los hechos, fue condenado a dos meses y 29 días de prisión sustituido por cinco meses y 28 días de multa a razón de dos euros diarios, lo que supone un total de 356, además de otra sanción económica cifrada en 180 euros por el delito contra los derechos de los trabajadores y 90 por homicidio por imprudencia menos grave, en total 626 euros.
Además, en concepto de responsabilidad civil se le impuso el abono de 131.811 euros que en la misma jornada del juicio ha transferido a la familia.
El encargado del almacén donde se produjeron los hechos, que también estaba acusado en la vista, ha sido absulto de cualquier cargo al haberse acreditado que no tenía ninguna responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
El Ministerio Fiscal aludió a la carencia de un sistema de apilamiento de los tablones para evitar su vuelco, frente al método empleado por el cual se descargaban y colocaban en una pared sin ningún tipo de sujeción, hecho que provocó su derrumbe sobre el trabajador provocándole la muerte casi de manera inmediata.
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