Comunidades energéticas

La pasada semana algunos medios informaban de que la Comisión Europea quería impulsar las comunidades energéticas, que aún no cuentan con legislación específica en España, pese a que la directiva europea debería de haberse traspuesto a nuestra normativa en junio. Sería la forma de que los ciudadanos crearan y compartieran su propia energía frente a los grandes monopolios, según nos explica Miguel Ángel Medina en el especial de Clima y Medio Ambiente de El País.

Como se expone en la página de la Sociedad Cooperativa EMASP comunidadesenergéticas.org, “Las comunidades energéticas locales son entidades jurídicas, formadas por una agrupación de socios (como personas físicas, asociaciones, pymes, administraciones públicas…), que voluntariamente y con participación cooperativa, establecen sus objetivos en la obtención de beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos, para los miembros de una comunidad o terceros”.

La asociación Amigos de la Tierra defiende que las comunidades energéticas son clave para democratizar la energía y enfrentarnos a la emergencia climática contribuyendo a disminuir emisiones. Pero, además, son una oportunidad para luchar contra la pobreza energética, reforzar el tejido productivo local, disminuir la factura eléctrica y aumentar la independencia energética frente a multinacionales, restando poder a la industria de los combustibles fósiles. Se trata en definitiva de impulsar la energía comunitaria. En su página se accede a un pequeño manual que explica detalladamente esta alternativa energética. Ahora que estamos en un periodo vacacional un tanto extraño a consecuencia de las medidas sanitarias restrictivas que aún nos impiden la libertad total de movimientos, quizás sea el momento de leer documentos de este tipo.

La paradoja en la que vivimos, según nos explican, es la de convergencia de distintas crisis: climática, sanitaria, económica, de cuidados, social y democrática. Pero sobre todo, se evidencia una tremenda injusticia climática: quienes menos han contribuido al calentamiento global son quienes se enfrentan a sus peores impactos. Las sequías, la pérdida de cosechas, las inundaciones, los incendios forestales, aunque nos afectan a todos, atacan con mayor virulencia a las comunidades y personas más vulnerables. Es urgente acceder a un nuevo sistema energético, que además de justo, sea un 100% renovable y que su propiedad sea democrática. Y esto es posible.

Por ejemplo, en Alemania el 42,9% de la electricidad que se produjo en el tercer trimestre de 2019 se generó a partir de fuentes de energía renovable. De esta, el 42% provenía de proyectos que llevaron a cabo los propios ciudadanos o que contaban con una participación pública importante. También en España hay algunos casos de éxito. Varios casos de éxito en nuestro país. La Junta Administrativa de la localidad alavesa de Manurga ha puesto en marcha el proceso para construir una Comunidad Energética Local siguiendo las directrices de la Directiva Europea relativa al fomento del uso de energía renovable. En la localidad navarra de Esparza de Galar, el Concejo ha instalado una planta de generación fotovoltaica en la cubierta del Frontón subvencionada por el Gobierno de Navarra. En San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), también se ha iniciado el proceso para poner en marcha una Comunidad Energética.

Otra experiencia interesante, por estar mezclada con la educación, es la del municipio Arroyomolinos de León (Huelva), que con menos de mil habitantes, tiene en marcha una comunidad energética rural denominada Alumbra, que está centrada en los niños. El Ayuntamiento cederá la cubierta del colegio para instalar placas y la cooperativa formará a los niños como gestores energéticos.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) del Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado una guía orientativa sobre esta nueva figura (https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia_para-desarrollo-instrumentos-fomento_comunidades_energeticas_locales_20032019.pdf). De lo que se trata es de que “estos proyectos aporten beneficios sociales, económicos y medioambientales que repercutan en el ámbito local, consiguiendo una mayor aceptación de estas actuaciones”. Para ello, las actividades que desarrollarán serán las de generación de energía, principalmente procedente de fuentes renovables, la distribución, y el suministro, consumo, agregación, almacenamiento y prestación de servicios energéticos.

Es evidente que la transición energética está en marcha. En los próximos tres años, 100 millones de euros del plan de recuperación europeo se destinarán a entidades de este tipo, por lo que es el momento de comenzar nuestra pequeña revolución verde, empoderando a la ciudadanía desde los municipios y buscando una mayor autonomía en la generación y consumo energético.