Categorías: Opinión

Compitiendo para restringir derechos

La semana que acaba ha estado llena de acontecimientos importantes. Por un lado, el sector de la enseñanza ha manifestado su descontento con las medidas del ministro Wert y la política de abandono que practica con Ceuta.

Por otro, los jóvenes ceutíes (no todos, pero sí los más concienciados), han sido protagonistas en un Primero de Mayo que, más de 100 años después de su instauración como jornada de lucha reivindicativa,  y pese a los augurios de Keynes sobre la situación de pleno empleo, con jornadas laborales de poco más de 15 horas semanales en el mundo, en torno a 2020, se celebra en una realidad cada vez más difícil para miles de trabajadores. Sobre todo, para los jóvenes (en Ceuta alcanzamos la vergonzosa cifra del 73% en paro), que subsisten a duras penas.
Pero lo realmente llamativo son las medidas que se han aplicado desde la Delegación de Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta, para frenar las movilizaciones. El tándem Paco Antonio/Emilio Carreira, no sé si de forma coordinada o no, compite por acaparar titulares en la prensa. Ambos quieren quedar muy bien ante sus jefes, y mejor ante sus respectivas parroquias de seguidores. Posiblemente el sueño de los dos sea llegar a ser alcaldes de Ceuta. O incluso más. Ya se sabe que la erótica del poder puede conducirnos por caminos desconocidos, y a destinos inciertos.
Desde la Delegación de Gobierno y la Dirección Provincial de Educación, se optó por no fijar los servicios mínimos por la convocatoria de huelga de enseñantes del 29 de abril. Ha sido una especie de “huelga a la japonesa”, pero en este caso desde la patronal. El hecho es que, cuando la huelga afecta a lo que se denominan servicios esenciales (y la enseñanza lo es, al estar destinada a satisfacer derechos fundamentales e intereses esenciales –art.  27 de la Constitución Española-), la autoridad gubernativa tiene la potestad y el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de los citados servicios, aunque garantizando, a su vez, el derecho de huelga de los participantes (art. 28.2 de la misma norma). Al no hacerlo, no solo han incumplido una norma, a sabiendas, sino que han delegado su responsabilidad de garantizar el acceso de los niños a los centros, en los propios docentes. O lo que es lo mismo. De facto, han impedido el ejercicio del derecho de huelga a aquellos que, queriendo participar, no lo han podido hacer, al quedar obligados a garantizar el acceso a los centros de los alumnos.
Pero ahí no acabó el asunto. De forma simultánea, la policía municipal, actuando a las órdenes de la Ciudad, multaba a la empresa que iba a instalar la megafonía para leer el comunicado de los docentes. Es decir, usan las ordenanzas municipales sobre el ruido (curiosamente una de las ciudades más ruidosas del país), para torpedear un derecho fundamental, como es el de manifestación y libre expresión de las ideas. Todo un ejemplo de uso torticero de la ley, para desviarla de su objetivo principal. También esto está prohibido por el ordenamiento jurídico.
De la misma forma, la convocatoria de la acampada previa de concienciación ciudadana hecha por los jóvenes ceutíes, para celebrar el Primero de Mayo, fue comunicada en tiempo y forma a la Delegación de Gobierno, tal y como establece el art. 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de Derecho de reunión. Según el art. 3 de esa misma norma, ninguna reunión está sometida al régimen de autorización previa. Pero claro, una forma de sortear lo que establece esta legislación, es someter el acto a una licencia previa de actividad, como si de montar un tenderete en la calle se tratara. Eso sí, para comunicarlo agotó el plazo hasta el día antes de su celebración. Evidentemente, en estas circunstancias, no queda otra que, hacerla a las bravas, arriesgándose a la correspondiente sanción, o pleitear. Pero para ello no dejaron tiempo.
Es decir, que el tándem Delegación/Ciudad Autónoma, parece que se ha puesto de acuerdo para entorpecer el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, utilizando para ello argucias legales poco ortodoxas, más propias de una producción cinematográfica de Berlanga. Es lo que nos está tocando vivir, y sufrir, en estos tiempos grises, en los que políticos poco serios dirigen los destinos de una Ciudad que sigue a la deriva. Evidentemente, con estas medidas no van a parar las protestas, ni las acciones reivindicativas.

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