Competencia será el escollo para lograr una mejora en el precio del transporte marítimo

• Hubo una reunión del delegado y los parlamentarios con la secretaria general de Transportes del Ministerio

Competencia va a ser el gran escollo que deberá salvar la Ciudad Autónoma para que por parte del Ministerio de Fomento se pueda publicar un cambio legislativo que varíe las obligaciones de servicio público que tienen las navieras que hacen la travesía entre Ceuta y Melilla. Desde luego, esa es al menos una de las sensaciones que tiene todo el equipo de Procesa y también los responsables políticos que han participado en la conjunción de todo el estudio que ha sido efectuado por un bufete de abogados con sede en Madrid.

Se entiende que la voluntad política existe claramente por parte de los responsables políticos, ya que así se lo transmitió en su momento el ministro de Fomento, Inigo de la Serna, al propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en el transcurso de una entrevista que mantuvieron antes del verano.

Sin embargo, Competencia va a ser muy quisquillosa porque puede entender que se está rompiendo la libertad de mercado, una de las sacrosantas prioridades que tiene la Unión Europea en su catálogo de obligaciones a mantener por parte de las distintas naciones que componen la Unión Europea.

De todas maneras, mucho antes de que se produjera el inicio del estudio por parte del bufete de abogados, el mismo presidente de la Ciudad llegó a tener contactos no solamente con el anterior equipo de Fomento cuya responsables era Ana Pastor, sino también con altos cargo de la Competencia, sondeando las posibilidades que tenía Ceuta de lograr este objetivo que no es otro que lograr bajar el precio del transporte marítimo.

Hay que incidir que no solamente la Ciudad Autónoma ya ha enviado el escrito, de manera oficial, a la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, sino que, por otro lado, también se produjo una reunión con la propia Librero en la que participaron el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull; los parlamentarios Juan Bravo y Guillermo Martínez, al igual que el director general de Procesa, José Diestro.