Comparece por un presunto delito contra la justicia

Ahmed M.M. fue juzgado ayer por un supuesto delito contra la Administración de Justicia en relación a una identificación de una persona que supuestamente le habría atracado a punta de navaja. Tras un juicio en el que el supuesto agresor fue absuelto, el hombre fue acusado a su vez de  este delito, después de que ante la Policía –como ratificó un agente que actuó de testigo– y posteriormente en instancias judiciales, identificara claramente a una persona como una de las dos que le atracaron a punta de navaja en el Poblado Marinero. Una vez en la vista oral que se celebró en el Palacio de Justicia, manifestó sus dudas en torno al reconocimiento de la persona en cuestión. Previamente, esta persona fue localizada por la Policía, detenida y puesta en situación de prisión provisional.
El Ministerio Fiscal se mostró a favor de una sentencia condenatoria entendiendo que a pesar del reconocimiento del supuesto autor de los hechos, el acusado negó rotundamente en el juicio el reconocimiento, manifestando “desprecio y temeridad”, por lo que entiende que se trataba de una denuncia falsa. Por su parte, la defensa, encarnada por la abogada Vanesa Hurtado de Mendoza, reclamó la absolución, teniendo en cuenta que su cliente actuó como un diligente ciudadano al denunciar el delito y posteriormente en la vista oral, ser consecuente con el hecho de que tenía “serias dudas” sobre la identificación de la persona, lo que no justifica un delito de falso testimonio, puesto que el hombre “no tenía certeza” de que la persona en cuestión fuera la culpable. Todo indica que la situación podría resolverse a favor del acusado, para quien el Ministerio Fiscal, en todo caso, pide una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios.
También ayer, en el Juzgado de lo Penal número 2, quedó juzgado y sentenciado un caso de desobediencia. Se trata de una pareja de avanzada y mediana edad, Mohtar A.A. y Narima E.H.Y., acusados en principio de un delito de desobediencia grave. Al parecer, están al cargo de una hija discapacitada y no acudieron a una sesión de control de la situación de  ella. Ambos admitieron el hecho, y la Fiscalía rebajó los cargos de delito a falta. Ambos se conformaron con una multa de 30 euros cada uno.