La crisis económica se llevó por delante, en muchos aspectos, al sector de la construcción. Pero tanto a las grandes empresas como a las pequeñas.
En el caso de Ceuta, las que pueden optar por la reforma de La Marina Española o del Parque de Santa Catalina como a la pequeña que pueda optar por una obra en barriadas que no supera el listón de los 150.000 euros. Después de casi año y medio donde las licitaciones de obras han estado frenadas, nuevamente se denota un repunte con las adjudicaciones que ha puesto en marcha el Gobierno autonómico.
Y ese repunte es de una magnitud suficiente que incluso en los Consejos de Gobierno se ha incluido, desde hace unos meses, un apartado determinado donde los consejeros de Fomento y de Medio Ambiente y Barriadas dan cuenta del estado de los proyectos que tienen bajo su competencia. Tanto en orden a establecer si se encuentran en proceso de licitación, si se está preparando la misma, si ya se ha adjudicado y una vez adjudicado cuál es el estado de ejecución para que cumpla con los plazos previstos dentro de los compromisos firmados entre la empresa y la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Sin embargo, nada más que hace falta ser un pequeño observador para darse cuenta de cómo han cambiado los procesos de adjudicación, por ejemplo, de las grandes obras. Donde, normalmente, cuando en todo el territorio nacional se vivían momentos de auge en la construcción y en la realización de infraestructuras para las administraciones públicas, se podían contar con los dedos de una mano y sobraba alguno de ellos, el ver el listado de empresas que acudían a las licitaciones de grandes proyectos en Ceuta. Normalmente, las grandes constructoras pero que, sin embargo, se encuentran radicadas en Ceuta desde hace muchos años.
Pero ahora la oferta ha disminuido. Las grandes empresas buscan y rebuscan en los boletines oficiales para encontrar obras en la que puedan presentar sus proyectos y competir. Y a las pruebas nos remitimos. Nos encontramos con dos ejemplos muy claros: la obra del Paseo de la Marina Española y la obra del Parque de Santa Catalina. Para la primera de ellas se han presentado un total de once empresas, de las cuales nueve lo han hecho utilizado el servicio de Correos y en el caso del Parque de Santa Catalina han sido diecinueve, un verdadero récord, donde el ochenta por ciento también ha utilizado el mismo sistema. Tanto en un caso como en otro, tal y como prevé la legislación, se abre un plazo de diez días para que complementen toda la documentación, tanto del proyecto, como económica y jurídica.
Verdaderos conocedores del área de Fomento de la Ciudad Autónoma, personas que llevan ligadas a este mundo desde hace muchos años, fueron los primeros sorprendidos, cuando tras publicarse la primera licitación de la obra de ‘La Marina Española’, que con posterioridad se eliminó para reconducir el proyecto, multitud de empresas se interesaron por los requisitos para presentarse. Empresas que nunca en su vida habían trabajando en nuestra ciudad. E incluso llegaron a desplazarse a directivos hasta Ceuta para entrevistarse con los responsables de la GIUCE o del propio proyecto. Y los que no lo hicieron por teléfono.
Sin embargo, esta catarata de empresas que se presentan a los concursos no es la única novedad que existe en este proceloso mundo de las licitaciones de los contratos públicos. Ha aparecido una dificultad en una figura que, siempre ha existido, pero que durante estos tiempos se está utilizando con una mayor frecuencia, como son las bajas temerarias.
Como reconocía la misma consejera de Fomento, Susana Román, durante el tiempo que lleva al frente de los destinos de su área ha podido ver de todo en lo relacionado con las bajas temerarias. Técnicos que, por supuesto, han dado el visto bueno a bajas que superan el treinta y cinco por ciento del precio tasado en el concurso y otros que se han negado a dar luz verde a bajas de un veinte por ciento.
Porque son los técnicos los que establecen unas tablas a partir de las cuales son ellos quienes marcan si esas empresas pasan o no pasan la frontera establecida con el precio tasado.
Reconocía la misma consejera que pueden existir casos de bajas temerarias que están razonadas, porque como es lógico, la empresa certifica que los trabajadores que va a utilizar para la obra los tiene en nómina ya de antes, con lo cual es un aspecto que se ahorra o que ya cuentan con una parte de los materiales que se solicitan, lo cual como es lógico debe ser acreditado con las consiguientes certificaciones de la Seguridad Social en el caso de los trabajadores o con las correspondientes facturas en el caso del acopio de materiales.
Inversiones que quedan paradas
No se puede olvidar que también hay técnicos que han salido escaldados por aceptar bajas temerarias que, luego, con el paso de los meses han llevado a que las empresas deban abandonar las obras que le fueron adjudicadas en su día porque son incapaces de hacer frente a las mismas con el montante global por el que se las concedieron.
Y en Ceuta tenemos un ejemplo con la obra de la ampliación del centro de salud del Tarajal. Tal y como ha denunciado en más de una ocasión el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, todo se debió a que a esta empresa se le adjudicó la obra sabiéndose de sobra que no iba a poder cumplir con la reforma porque el dinero por el que se le había adjudicado era escaso. Lo cierto es que son unas obras que llevan un año paradas desde que fueron abandonadas por esta empresa peninsular y se hacen gestiones para sacarlas nuevamente a un concurso público que permita arreglarlo.