El presidente del Comité de Empresa de
Trace, Juan Gutiérrez (
UGT), ha advertido este martes que el órgano de representación de la plantilla de la empresa concesionaria del servicio de
limpieza pública viaria “no va a dar un paso atrás” en lo que a la defensa de “todos” sus puestos de trabajo se refiere y ha urgido al
Gobierno de Ceuta a “utilizar alguna de las vías que le ofrece el informe de la Abogacía del Estado” para no poner en la calle a los treinta trabajadores incorporados ni volver a recortar a tiempo parcial las jornadas de veinte compañeros con la desaparición de los servicios adicionales requeridos por la Ciudad para prevenir la propagación de
la COVID-19. Aunque el Gobierno de la Ciudad se ha negado este martes a hacer ninguna declaración sobre el contenido del dictamen jurídico, según la información recabada por el Comité de Empresa “el informe apunta a que la ampliación de servicios no se hizo correctamente, pero al mismo tiempo da tres posibles alternativas para darles continuidad por emergencia, recurriendo a un medio propio o con otras soluciones administrativas”. “Ni el Comité ni la plantilla vamos a dar un paso atrás: quienes están trabajando deben seguir trabajando y la obligación del Ejecutivo es optar por alguna de las alternativas que existen”, apuntó ayer el sindicalista en declaraciones a ‘El Faro’, “para no destruir los treinta empleos eventuales creados ni perjudicar a los veinte trabajadores que llevaban un montón de años con contratos a media jornada y por fin han conseguido ampliarla a 35 horas semanales”. A través de su perfil en Twitter, el líder de
Caballas, Mohamed Ali, fue el primero en hacer público el resultado del informe de la Abogacía del Estado: “Dice que el Plan de Servicios de 1,4 millones que aprobó el Gobierno sin atender a los técnicos es ilegal”, resumió. “Esperando a que el Gobierno diga quién y cuándo va a devolver a las arcas públicas los 15.000 euros que se pagaron temerariamente a un catedrático octogenario”, ironizó el diputado sobre el informe encargado al jurista Tomás Ramón Fernández hace un año sobre la interpretación del contrato de Trace. El Ejecutivo local le encargó que estudiase, analizase y emitiese un dictamen jurídico “sobre la interpretación de la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos de la Ciudad”. En ella se dice que es facultad de la Administración “revisar el Plan de Servicios al objeto de contemplar las nuevas necesidades u otras contingencias que surjan” y que dichas variaciones “no serán consideradas, a los efectos que procedan, modificaciones del contrato”.
Dado que en 2015 el Ejecutivo local ya introdujo una modificación al alza que agotó el margen legal del 10% de su cuantía, la contratación de trabajos adicionales para evitar contagios de la enfermedad del coronavirus con más baldeos y desinfecciones de espacios públicos fue rechazada por los departamentos de Contratación e Intervención al entender que suponía de hecho otra modificación del contrato. La Dirección Facultativa apeló, sin embargo, a esa cláusula y a la interpretación que de la misma había hecho Fernández para tramitar la variación del Plan de Servicios por 1,4 millones hasta finales de 2021 como si se tratase de un simple reajuste, algo que rechaza la Abogacía del Estado.
El contrato agotó su margen de modificación en 2015
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público estipula en un 10% del importe de adjudicación el máximo que se puede modificar al alza durante su vigencia, que en el caso de Trace fue de algo más de 15 millones de euros al año entre 2013 y 2023. Dicho margen se agotó en 2015, cuando la concesionaria aceptó incrementar el número total de servicios a prestar de 48.423 a 53.244 y el de jornadas laborales, de casi 66.000 a 76.741, un 12% más "que alcanzará el 16,3% con la inclusión del Plan de Servicio de Mejora”, a cambio de 1,5 millones más al año. El barrido mecánico de aceras pasó de 682 (los 248 incluidos en el Pliego más los 634 que en mejoras propuso la concesionaria) a 2.709. Los baldeos también crecieron de 1.839 al año a 2.781 (942 más con un rendimiento equivalente a 5.144 gracias a las mejoras técnicas). La modificación también recogió que pasarían a hacerse 150 servicios más “como refuerzo de la temporada de verano de lunes a viernes y domingos durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre”; dos servicios diarios de lunes a viernes en turno de tarde, y dos servicios los lunes, jueves y viernes, en turno de mañana. Los de hidrolimpiador se multiplicaron (de 744 a 1.918) y los lavados de contenedores y papeleras se duplicaron, como ocurre con los de depósito de heces animales (de 248, a 496). Aunque el encargo de baldeos y trabajos de desinfección extra para prevenir la propagación del coronavirus casi alcanza la misma cuantía anual (1,4 millones), la Dirección Facultativa entendió que la redacción de los Pliegos de la adjudicación le permitía su contratación como respuesta a “nuevas necesidades u otras contingencias” que surgiesen durante la vigencia del contrato siempre que respetase “el equilibrio económico de la explotación y los precios unitarios resultantes de la licitación”.