La Dirección del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), responsable, entre otras materias, de la gestión del parque de viviendas que posee el ministerio de Defensa en Ceuta, "ha provocado la suspensión de 12 contratos de trabajo de la empresa Eulen, S.A., contratada para la ejecución del servicio de mantenimiento y conservación de dichas viviendas", denuncia el sindicato Comisiones Obreras en nota de prensa. El contrato vigente entre Eulen y el INVIED caducaba el día 18 de junio, pero la actuación "negligente" del responsable de redactar un nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del servicio ha motivado que al vencimiento del anterior no se haya adjudicado este servicio, "con lo que el contrato que mantenían el ministerio y la empresa contratada ha sido cancelado, a pesar de que Defensa tiene la obligación de mantener dicho servicio, según lo pactado en contrato con sus inquilinos". Como consecuencia de esta demora en la adjudicación de un nuevo contrato, el sindicato denuncia que la empresa Eulen "ha iniciado un expediente temporal de regulación de empleo por el cual, los doce trabajadores que componen la plantilla de la misma pasarían a la situación de desempleo hasta tanto se produjera la nueva adjudicación, cuya demora, inicialmente, se calcula en al menos tres meses". Para cubrir sus obligaciones con sus clientes, al menos de forma testimonial, Defensa ha procedido "a trocear el contrato en contratos menores, de adjudicación directa, por importe de 12.000 euros mensuales, eludiendo así las prescripciones establecidas en la ley de contratos de las Administraciones Públicas, que obliga a la concurrencia de los licitadores y a la publicidad de los contratos". Por su parte, la empresa -siempre según los sindicalistas- ofrece a la representación legal de los trabajadores, en este caso de CCOO, que "4 trabajadores permanezcan en alta en el servicio para realizar tanto las funciones de mantenimiento de los edificios e instalaciones como de mantenimiento preventivo de las instalaciones de agua potable. El resto de los trabajadores pasarían a la situación de desempleo, en el marco de un ERTE, hasta tanto se produjera la adjudicación definitiva del servicio". CCOO considera "una negligencia muy grave la cometida por los responsables del ministerio de Defensa que no previeron con la suficiente antelación la necesidad de proceder a la adjudicación de este servicio antes de que se produjera el vencimiento del anterior contrato, y exige que se depuren las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los funcionarios encargados de esta gestión, cuya negligencia ha ocasionado un grave perjuicio a estos trabajadores".