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La Comisión Local decidirá si las solicitudes para Serrano Orive tienen que ser “actualizadas”

Emvicesa asegura que el proceso abierto en enero no ha caducado y espera adjudicar las viviendas vacías durante 2021 | Por otro lado, Emvicesa dice que solo ha caducado el procedimiento de Millán Astray

Emvicesa va a proponer a la Comisión Local de la Vivienda en su próxima reunión que decida si conviene o no pedir a las 164 personas que se han presentado a la convocatoria publicada en el BOCCE en enero para la selección de arrendatarios de las viviendas vacías de Serrano Orive que “actualicen” o no la documentación presentada en un procedimiento que, según aseguraron este miércoles fuentes de la sociedad municipal, “no ha caducado”, contra lo afirmado por el MDyC.
Cuando la empresa pública divulgó las bases del proceso en el Boletín Oficial, el pasado 31 de enero, solamente disponía de ocho de las 45 casas del inmueble para menores de 35 años, número que actualmente ya se eleva a 16.
Según fuentes del Ejecutivo local, si la Comisión Local de la Vivienda se inclinase por solicitar una actualización de la documentación sería necesario requerírsela a los interesados y proceder un nuevo cribado para publicar un listado de admitidos y excluidos, abrir un plazo de subsanación de errores y elevarlo a definitivo antes de realizar el preceptivo sorteo.
En caso de dar por buenos los expedientes tal y como están conformados, el proceso podría acelerarse, pero en cualquier hipótesis Emvicesa quiere dejar de tener viviendas vacías en la promoción “durante el año que viene”.
Entre los requisitos establecidos para acceder a alguna de las casas ya desocupadas está ser español o tener residencia legal en territorio nacional; estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad de 3 meses; certificado catastral de no ser titular del pleno dominio ó de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública o libre; llevar empadronado en Ceuta al menos cuatro años; y poseer unos ingresos familiares ponderados de entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM, es decir, desde 1.370 hasta 3.000 euros.
La lista definitiva de aspirantes admitidos incluirá tres grupos: uno para personas con discapacidad (ordenados según el grado acreditado) y las otras dos para casas con uno o dos dormitorios (ordenados por el número de la solicitud) en función de si se trata de unidades familiares con uno o dos miembros o con un máximo de tres.

Los desahucios, parados

Emvicesa sí ha decidido ya que no instará un nuevo procedimiento de desahucio de los inquilinos del inmueble que se niegan a irse pese a no cumplir los requisitos de edad, renta, etcétera.
La sociedad ha recibido hasta ahora 19 sentencias, casi todas desfavorables (16) por distintos motivos de forma o fondo, y esperará a que la Audiencia Provincial resuelva sobre los recursos interpuestos, también por la otra parte en el caso de los que le han dado la razón.

Emvicesa dice que solo ha caducado el procedimiento de Millán Astray

La sociedad municipal Emvicesa negó este miércoles también que haya “caducado” el procedimiento convocado el 31 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma (BOCCE) de las bases para la selección de adjudicatarios de los alojamientos situados en la calle Padre Feijoo, destinados a la tercera edad, en régimen de arrendamiento.
Según la empresa pública, el único que deberá comenzar de nuevo es el de enajenación de las casas de Millán Astray, que se remontaba a mucho más atrás.
Este último se paró hace casi un año, el 16 de diciembre de 2019, cuando la Comisión Local de la Vivienda decidió posponer la enajenación de esas cuatro casas (y otra en las torres del Monte Hacho) hasta “disponer de un estudio jurídico que analice cómo incluir las cláusulas necesarias para evitar posibles especulaciones que pudieran afectar al interés general y, en su caso, estudiar también la posibilidad de desistimiento del procedimiento por parte de la Administración”.
En aquella reunión de la Comisión Local de la Vivienda se acordó dejar sobre la mesa la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para hacerse con los pisos, con precios máximos de venta que oscilaban entre los 85.000 y los 98.000 euros aproximadamente.

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