La Audiencia acoge desde este martes el juicio con Tribunal de Jurado por el crimen de Mª Ángeles Lozano en la vivienda que compartía con quien era su pareja, el policía local, Alonso G.D., en Parques de Ceuta.
La vista se repite después de que el TSJA lo ordenara anulando la sentencia de 35 años y medio de cárcel que se le había impuesto. Se empieza desde cero, con otro jurado y otro magistrado para dirigir el juicio, Luis de Diego Alegre.
También con una novedad: el acusado está en libertad, ya que ha cumplido los 4 años de prisión preventiva desde que se le colocaron los grilletes en marzo de 2022 y fue sacado de la vivienda, esposado y vestido con el uniforme de la Policía Local ya que había abandonado su puesto en el mercado de Hadú, en donde estaba destinado, para acudir a la casa en donde se produjo el asesinato.
A primera hora de esta mañana ha quedado constituido el Jurado. Hombres y mujeres en los que recae la designación del veredicto de culpable o no culpable. Pasada la una de la tarde ha dado comienzo la vista judicial para la que se ha designado todo el mes de abril.
Incidencias expuestas por la defensa del agente
Antes del inicio, la abogada que ejerce la defensa del policía local, Inmaculada Guil, ha hecho varias puntualizaciones como el hecho de que tenga bloqueado el acceso al visor, a la plataforma, padeciendo ese veto durante 4 años, aunque ha reconocido que dispone de todo el procedimiento.
También ha expuesto su malestar por el hecho de que la Fiscalía acceda o pueda pasar por la misma zona en donde está la sala del jurado, aunque ha dejado claro que no duda de la pureza y del buen hacer del Ministerio Público.
Se le ha advertido de que el Jurado dispone de una sala con una puerta siendo inviable cualquier tipo de relación, negando cualquier posible contaminación ambiental.
La Fiscalía pide al Jurado que aplique "el sentido común"
En el trámite inicial, cada una de las partes se ha dirigido al Jurado para explicar su función en este juicio.
La fiscal Silvia Rojas, que está acompañada de la otra profesional del Ministerio Público, María Arazuri, ha recordado que quieren que se cumpla la ley, respetando el principio de la legalidad. Si consideran que quien se sienta en el banquillo es responsable de los hechos debe pagar por ello.
Fiscalía pide al Jurado algo simple, pero clave en todo esto: que apliquen el “sentido común”. El Ministerio Público sostiene que la convivencia entre la víctima y el acusado no era normal, sino que estaba enmarcada en un maltrato habitual que derivó en un asesinato tras una discusión previa.
Para Rojas se produjo una escalada de violencia previa, la mujer no pudo defenderse hasta perder la vida.
En este caso, se cuenta con “una prueba fundamental”, una “testigo directo” de todo. “Tienen la enorme suerte de contar con una prueba privilegiada, la hija del señor Alonso, la única persona que presenció los años de maltrato a su madre y el momento en el que fue asesinada. Su hija”, ha recordado Rojas.
“No se les va a pedir un acto de fe, sino aplicar el sentido común”, ha remarcado Rojas, quien ha insistido en que no hay dos relatos enfrentados, sino una única versión válida que es la de quien por entonces era menor de edad.
Rojas ha advertido al Jurado de que se van a topar con algo así como lo que recoge el refrán popular: “Mucho ruido y pocas nueces… Recuerden que ese ruido tiene que apoyarse en pruebas y, si no las hay, pues insisto, mucho ruido y pocas nueces”, ha recalcado, en alusión a la versión de la que pueda tirar la defensa, esa especie de ruido sin base.
La Acusación Particular que busca hacer justicia por la familia de la víctima
El abogado Javier Cabillas representa los intereses de la familia de la víctima, que dejó dos hijos. A él le toca buscar la justicia que desde hace 4 años quiere la familia de Mª Ángeles Lozano.
Cabillas ha situado al Jurado en un escenario, la cocina en la que se produjo el crimen. Y allí solo había 3 personas: la víctima, la hija y el acusado.
El letrado insta a atender todas las versiones. Sostiene que la declaración de la menor, ahora ya mayor de 18 años, es la que casa con la realidad. Ella vio todo y es la testifical a la que se aferra la Acusación Particular.
Para Cabillas, lo que sucedió no fue para nada un accidente. Un mensaje que ha querido dejar claro ante los miembros del Jurado. “Estamos seguros de que van a encontrarse con una prueba apabullante que destruye la presunción de inocencia”.
La defensa pide un juicio justo: "No es un asesinato machista"
La abogada Inmaculada Guil, a quien le toca asumir la defensa del agente de la Policía Local, ha pedido un juicio justo, instando a los jurados a que no actúen con prejuicios.
“No estamos ante un asesinato machista, fue una tragedia que se produjo en la vivienda familiar. No hubo intención de matar a nadie, si no hay intención no hay asesinato”, ha expresado.
“Hubo una discusión caótica por la pérdida de una cita médica. El señor Alonso es un enfermo mental, tiene un diagnóstico desde hace 30 años. Tiene 3 enfermedades mentales, con ideas delirantes y de prejuicio. No se trata de que mi cliente en ese momento de discusión caótica estuviera delirando, no. La paranoia que le entra es que se ha perdido una cita médica que necesitaba. Él piensa, dentro de su enfermedad, que todo el mundo está contra él. Se va escalando el tono, se produce un brote psicótico”.
“Para entender qué pasó ese 14 de marzo nos tenemos que retrotraer diez días antes, cuando le atiende su psiquiatra en Algeciras. Se le dijo a su mujer que estaba muy mal y que debía ingresar en la unidad de agudos del hospital”.
Guil ha insistido en que su cliente no era consciente de la enfermedad sufrida, por lo que se le debió ingresar antes del crimen.
La letrada ha recordado que hubo un forcejeo y disparos. “En esa pelea y forcejeo con su hija, ni ellos mismos saben lo que hacen ni lo ven”, ha razonado. “Ambos dispararon”.
Por su parte el letrado Luis Ragel ha considerado que la Ciudad Autónoma no es responsable en cuanto a la indemnización económica.
Os va a costar mucho trabajo buscar a alguien que pueda dictaminar esa enfermedad ya que le retiraron el arma reglamentaria cuando estaba de servicio.