El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tenido conocimiento por "denuncia de un ciudadano" de la contratación por parte del Instituto Ceutí de Deportes (ICD) de un licenciado Inef, de fecha 23 de abril, "con experiencia en deporte acuático adaptado y/o readaptación al ejercicio físico y ejercicios de espalda" como responsable de la actividad del mismo nombre y en sustitución de una actividad "hasta este momento realizada y tutorizada por un profesional fisioterapeuta". Con la seguridad de que todo ha sido debido a un "error de interpretación" de los distintos marcos competenciales, el órgano colegial ha presentado en el Registro de la Ciudad Autónoma un escrito dirigido a la Consejería de Turismo y Deporte, a la de Sanidad y al propio ICD en el que insta a las instituciones a que estén atentas a "estos casos de presunto intrusismo que habitualmente podamos encontrarnos, evitar su continuidad y, en su caso, y en prevención de mayores daños, poner el caso de referencia en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes". En base a la normativa vigente en esta materia, el Colegio argumenta que los fisioterapeutas son los profesionales normados cuando el objetivo deseado es bien el tratamiento de diversas patologías, o bien, la recuperación o promoción de la autonomía funcional en personas con alguna discapacidad física, temporal o definitiva.
Marco competencial
Para esta afirmación, el órgano colegial remite a la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias donde queda definido el ámbito competencial; el Real Decreto 1001/2002 de 27 de septiembre por el que se aprueban los Estatutos Generales del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas; y el Estatuto de Personal Sanitario no facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Sociales donde también menciona expresamente la aplicación de tratamientos en el medio hídrico y los ejercicios terapéuticos. También fundamenta su exposición con la resolución de 25 de julio de 2006 de la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento y la Resolución del Ministerio de Sanidad de 2018 que confirma la prescripción del Ejercicio Físico Terapéutico como actividad exclusiva del personal sanitario. El Colegio de Fisioterapeutas urge a la Ciudad a atender su requerimiento como “efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud o la seguridad como uno de los derechos básicos de los consumidores y usuarios”, es decir, que su defensa no es solo hacia los fisioterapeutas, sino también a la ciudadanía.