El Colegio de Arquitectos de Ceuta (COACE) ha elaborado un decálogo de medidas para Ceuta como parte del Plan Estratégico presentado por la Ciudad el pasado febrero y que se recogían bajo el título ‘Por un futuro más estable y seguro para Ceuta’. En dicha elaboración del plan, el COACE no fue convocado: “Lamentamos que la Ciudad no haya contado con nosotros en la comisión de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico”, apuntan en un comunicado hecho público este miércoles.
“Ante la situación de alarma, la Ciudad Autónoma presentó en febrero de 2020 una serie de medidas Por un futuro más estable y seguro para Ceuta, que posteriormente se desarrolló mediante una comisión de trabajo en el que estaban representados los partidos políticos, los sindicatos, la Administración General del Estado, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios”, explican los arquitectos.
En este sentido, hacen referencia a la Ley sobre Colegios Profesionales, en cuyo artículo quinto se especifican las funciones de estos. Entre ellas, el ejercer en el ámbito territorial que compete en “cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados”.
Si son requeridos por las administraciones locales, también tienen el deber de colaborar con ésta mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa.
Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en la materia de competencia de cada una de las profesiones.
“Y todo ello a pesar de que nuestros colegiados hayan participado e intervenido en mesas redondas y conferencias relativas al planeamiento y a la crisis fronteriza en los últimos años.
También quisiéramos recordar que nuestro Decano-Presidente es miembro de pleno derecho en el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), organismo también regulado por Ley, y que colabora constantemente con el Gobierno de la Nación, como por ejemplo iniciativas llevadas a cabo en la primera mitad del año como puedan ser el Observatorio 2030; asesoramiento durante el Estado de Alarma provocado por la COVID-19 o la redacción de propuestas para reactivar el sector de la construcción o bien el apoyo a la recuperación económica del país.
Ante la situación actual, los arquitectos de Ceuta proponen las siguientes medidas desglosadas en diez puntos.
En primer lugar, el Colegio profesional propone la elaboración de una Ley del Suelo específica para Ceuta. “Esta debería ser la prioridad del Gobierno de la Ciudad, ya que la ley actual dejó de actualizarse para Ceuta y Melilla al desarrollar todas las Comunidades Autónomas sus propias leyes del suelo. Esta situación hace que el Plan General de Ordenación Urbana no tenga suficiente alcance legal para dar respuestas a los problemas estructurales de nuestra ciudad, como son la escasez de terrenos (condicionadas por los límites marítimos-terrestres), la dotación de una red de transporte adaptada a la densidad edificatoria, la compatibilidad Puerto-Ciudad o las dificultades para generar nuestra propia energía”.
Una ley que “debería servir de marco” para la adecuada coordinación de las distintas acciones, planes y programas que tengan incidencia sobre el territorio local, estableciendo sobre el mismo la distribución global de usos y actividades, las infraestructuras básicas, las áreas sujetas a limitaciones específicas, las medidas de protección del medio ambiente y aquellas otras determinaciones que sean necesarias para articular los Planes y Normas que lo desarrollen.
“Sus determinaciones podrían tener como referencia las prescritas por el art. 11 del vigente Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978) para los Planes Directores Territoriales de Coordinación, si bien deberían establecerse sobre la base de un acuerdo previo con las distintas Administraciones Públicas con competencias en Ceuta para coordinar sus afecciones de manera racional”, aconsejan.
Esta Ley del Suelo de Ceuta la redactaría el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Por su parte, la Ciudad “tendría que elaborar un documento en el que se especifiquen los factores legales que impiden el desarrollo urbano de Ceuta para que sean tenidos en cuenta”, matizan.
El segundo punto se centra en la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética específica para Ceuta. “La entrada en vigor de dicha ley va a suponer un gran cambio en nuestros modos de vida, así como en la planificación de las ciudades, cambios que van a empezar a notarse en 2023, cuando la Ciudad tenga que restringir el paso de vehículos contaminantes por la zona centro. Pero hay otros requerimientos, que si bien deben cumplirse antes de 2030, deberán empezar a gestionarse desde ahora. Estamos hablando de la producción de energía”.
Como ejemplo toman al gobierno de Baleares, que en 2019 aprobó una ley que deja intuir las implicaciones de esta normativa europea en la gestión y planificación a escala urbana y de territorio, sobre todo en lo que se refiere a reserva de suelo para la generación de energía, que en nuestra ciudad se convertirá en un nuevo problema.
“Pero por otro lado, esta ley puede servirnos para concienciarnos de las posibilidades que tenemos en cuanto a generación de energía, siempre y cuando se inviertan los recursos adecuados para la investigación y aprovechamiento del sol, el viento y las corrientes marinas, a pequeña y a gran escala, aunque ello implique peticiones al Gobierno Central en cuanto a negociaciones internacionales (delimitación de aguas), cambios en la normativa existente o redacción de nuevas”.
La rehabilitación, renovación y regeneración arquitectónica y urbana es otro de los puntos del decálogo. “En los sucesivos documentos que el CSCAE ha remitido al Gobierno de la Nación, ha insistido en las posibilidades que ofrece la rehabilitación en España, donde esta solo supone el 0,2% de inversión, mientras que la media europea se sitúa en el 2%”.
En este sentido, el Gobierno acaba de poner en marcha un programa de Rehabilitación Energética de Edificios que además de reactivar la economía en el cual a Ceuta le corresponden 414.000 euros de esa financiación, y que permitirá el inicio de la transición energética establecido en la ley mencionada en el punto anterior.
“Sin embargo, consideramos que es imprescindible que la administración local cambie la manera en la que ejecuta las inversiones en rehabilitación urbana. Los planes de barriadas llevados a cabo en los últimos 20 años, han demostrado que sin una planificación adecuada, se convierten en un mero instrumento para reparar desperfectos, ignorando en la mayoría de los casos patologías estructurales. Por esta razón, creemos conveniente la creación de grupos de trabajo que analicen la situación de los espacios urbanos por sectores (que no por barriadas) y que programen una serie de actuaciones a corto, medio y largo plazo. Estas intervenciones tendrán que incorporar las demandas de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, razonan.
Otra de las cuestiones a mejorar es la reducción reducción de los tiempos de concesión de licencias impulsando la modernización de los procedimientos de gestión y, en general, la agilización y una mayor transparencia en la manera de conceder las licencias. El COACE propone conseguirlo a través de una mayor concreción “de manera racional” del alcance y el objeto de la revisión técnico-jurídica en el trámite de tal concesión y publicar las listas de comprobación correspondientes a cada tipo de licencia; la implementación de los procedimientos que faciliten la especificación e identificación de los contenidos necesarios en los diversos proyectos técnicos objeto de revisión. Entre las medidas, revisar la normativa técnica y urbanística, las ordenanzas municipales y simplificarlas con el fin de evitar las “indeterminaciones” jurídicas, duplicidades y contradicciones para que se aclaren los procedimientos. La transparencia y trazabilidad de los trámites de concesión; incrementar los supuestos de “silencio positivo” revisando el marco normativo; el arbitraje de un proceso unitario, simultáneo y coordinado para la elaboración de todos los informes sectoriales necesarios para el trámite y la concesión de las licencias. Habilitar canales de comunicación específicos para técnicos y responsables de la toma de decisiones y, por último, apostar por una colaboración “efectiva” de la Ciudad y las demás administraciones públicas con el COACE.
En otro orden de cuestiones, los arquitectos abordan la necesidad de que se ponga en marcha un registro de Inspección Técnica de Edificios al que obliga el Real Decreto Legislativo 7/2015 (texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).
“Entre otras cosas obliga a los edificios de viviendas colectivas de más de 50 años a evaluar las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, así como a determinar las obras y trabajos de conservación necesarios. Este registro supondría un aumento del volumen de trabajo en el sector de la construcción, pero sobre todo evitaría desprendimientos de elementos de fachada que pueden causar desgracias personales”, señalan.
En sexto lugar, la supervisión integral de los proyectos encargados o realizados por la administración que comprueben no solo el cumplimiento de normativas, también las posibles discordancias entre todos los documentos, así como la verificación de los diferentes cálculos. “Esta medida redundaría en un ahorro en el coste de las obras y en una reducción de los plazos de ejecución de las mismas”, prevé el COACE.
Una apuesta decidida por el entorno es otro de los puntos que aborda el decálogo. “La redacción de un Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que tenga como referente el Plan estatal aprobado por RD 1274/2011 en desarrollo de la Ley 42/2007, así como el resultado de su informe de evaluación final, y que contemple, como meta global, detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta y su entorno marino inmediato, evitar la degradación de los servicios ecosistémicos y afrontar su regeneración”. Para que se efectúe con todas las garantías, “deberá estar dotado de un presupuesto adecuado” para hacer frente a los diversos objetivos que han de dar respuesta a metas parciales vinculadas a la conservación de la biodiversidad de nuestros espacios naturales tales como: la adquisición de conocimientos científicos sobre el uso sostenible de los ecosistemas, la integración de la biodiversidad en las políticas verdes locales, la participación de la sociedad en dicha conservación fomentando su compromiso, la mejora de la gobernanza ambiental, la movilización de recursos financieros de todas las fuentes posibles y, en suma, la protección, conservación y restauración de la Naturaleza reduciendo sus principales amenazas en nuestro ámbito.
Sin olvidar el Patrimonio Histórico, sobre el que los arquitectos han considerado imprescindible redactar un Plan Estratégico que creen que debería estar dotado de un presupuesto plurianual para el estudio, conservación y difusión del patrimonio.
“En la actualidad, la sección de Patrimonio Cultural de la Ciudad no cuenta con los suficientes medios personales y económicos para afrontar los gastos emanados de tan importante legado. Es inconcebible que los principales elementos de la arquitectura militar, como pueden ser las Murallas Reales y la Fortaleza del Hacho, no hayan desarrollado planes específicos para su estudio, comprensión y rehabilitación, dedicándole hasta la fecha solo actuaciones puntuales y sin continuación en el tiempo. Del mismo modo que no hay una estrategia de difusión digital del patrimonio y de todos los estudios y excavaciones hechas hasta ahora, siendo este instrumento uno de los principales elementos para atraer turistas”, en opinión del COACE.
Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la propuesta para crear un grupo de trabajo para que Ceuta sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La organización perteneciente a Naciones Unidas establece como uno de los requisitos para tal declaración, que se demuestre que el patrimonio material sea único en el mundo, pero Naciones Unidas también aclara que para entender dicha singularidad es muy probable que haya que ampliar la zona de estudio, pues una ciudad puede tener una relevancia e influencia en muchos otros lugares distantes, sin los cuales no se entendería esa singularidad e importancia a lo largo de la historia.
“En ese sentido, creemos que elevar la candidatura solo del complejo de las Murallas Reales no sería suficiente y que sería necesario analizar y comprender el papel que ha desempeñado, en el pasado pero también en el presente, el conjunto de fortificaciones de la ciudad, poniéndolas además en relación con las distintas redes de comunicaciones (tanto terrestres como marítimas) que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Solo desde esta dualidad de escalas, local y continental, podremos llegar a la conclusión de la verdadera singularidad de Ceuta”.
En último lugar, proponen la convocatoria de un concurso internacional de arquitectura para vislumbrar cómo podría ser la Ceuta de 2070 [puede consultar aquí las bases que el COACE ha planteado para el concurso]. Se remiten a 1930, cuando el Consistorio convocó un concurso para el Plan de Ensanche y Reforma Interior de Ceuta, “en el que participaron los mejores urbanistas del país, planteando soluciones innovadoras tanto en el plano urbanístico como arquitectónico”.
“Un nuevo concurso permitiría pensar cómo podría o debería desarrollarse la ciudad, sin los condicionantes impuestos por las distintas normativas, con ideas que nos podrían guiar en la modificación o redacción de nuevas leyes. Por otra parte, dicho concurso tendría una fuerte repercusión al mostrar claramente las intenciones para con el futuro de Ceuta”.
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