El pasado mes de abril, la mayoría de los detenidos en una gran operación contra el tráfico de drogas que salpicó a guardias civiles del puesto de Isla Mayor (Sevilla) aceptaron penas de prisión que comprendían desde los 4 años a los 8. Entre ellos estaban dos vecinos de Ceuta que aceptaron el pacto entre Fiscalía y Defensas evitando así la celebración de juicio, que debía seguirse en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Todos reconocieron ser culpables de formar parte o colaborar con una red de narcotraficantes que se dedicaba a introducir hachís en la Península procedente de Marruecos. Todos menos el mando al frente del puesto de la Guardia Civil en Isla Mayor, al que ahora la Audiencia Nacional ha confirmado una condena de 14 años de prisión por aliarse con los narcos para facilitar el pase de drogas.
Francisco Javier C.B. fue el único de los 22 acusados -tres de ellos agentes de la Comandancia- que no pactó con la Fiscalía y recurrió la condena por delitos de tráfico de drogas con pertenencia a organización, blanqueo y cohecho ante la Sala de Apelaciones del tribunal, que ahora ha desestimado su recurso.
El resto de procesados, incluido el líder de la red, F.A.R.C., alias El Negro, fueron condenados a penas de entre 4 y medio y 8 años de cárcel, y la Sala les aplicó la atenuante de reconocimiento del daño.
Habían dado forma a una perfecta organización que contaba con la connivencia de varios guardias civiles destinados en la Comandancia de Isla Mayor (Sevilla) ya que facilitaban la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas, liderada por ‘El Negro’, que contaba con múltiples colaboradores en el traslado de la droga en narcolanchas que incluso él mismo había llegado a pilotar.
Según consideró probado el tribunal -y ahora confirma la Sala-, en abril de 2016, el condenado mantuvo contactos con el jefe de la red para ofrecerle la protección y facilitarle la entrada de hachís a través del Guadalquivir. Acordaron la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 cada vez que la operación se saldase con éxito.
Una actuación respaldada por los otros tres miembros de la Comandancia condenados y que consistía en facilitar información sobre la hora y el lugar de las patrullas “para evitar coincidir con la entrada de hachís”, sobre los vehículos sospechosos que pudiesen vigilar las descargas y además “trataban de averiguar” si otras comandancias les investigaban.
Según la sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, en el juicio se evidenció que el papel facilitador del condenado no era transitorio, sino que daba seguridad a las organizaciones que actuaban en su zona.
El tribunal tiene en cuenta la declaración “de signo incriminatorio” de otros acusados y la de testigos policiales, cuyas vigilancias le situaron en reuniones nocturnas con miembros de la red, así como los pinchazos ordenados por el juez, que “conllevan a dar por probada” esa labor “favorecedora” del narcotráfico.
Al argumento del mando sobre la excesiva gravedad de la pena, la Audiencia sostiene que quien da cobertura a estructuras criminales de narcotráfico a cambio de dádivas es “no solo un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” sino el “mando máximo” del puesto de Isla Mayor. Era un sargento “que actuaba como comandante de puesto, con capacidad para influir” en las órdenes “para combatir el narcotráfico de la zona o para no hacerlo, como en este caso”.
En el juicio el sargento adujo que fingía participar en operaciones de narcotráfico para captar información, una “coartada inverosímil”, a juicio de la Audiencia, que indica que el acusado presentó su actuación como “simulada” que no se pudo ratificar. Sin olvidar que los pinchazos “exteriorizaron una nada simulada colaboración” con las organizaciones “a las que aportó seguridad” para favorecer el tránsito de la droga “a cambio de dinero”.
Varias organizaciones
Estaban activas en la zona y se dedicaban a introducir hachís a través del Guadalquivir. Disponían de lanchas y disponían de una nave para su ocultación. Llevaban a cabo los pases de drogas sin problemas al contar con la connivencia de los guardias civiles implicados.
Aceptaron condenas
Trabajaban como gomeros para la organización, realizando los pases en semirrígidas. Uno de los condenados era además el intermediario entre la red y los dueños de la mercancía en Marruecos.
De primera mano
El movimiento de drogas se hacía de manera perfecta, ya que disponían de información de primera mano sobre los lugares y momentos en los que iba a haber patrullas de la Guardia Civil vigilando la zona. La Comandancia de Sevilla comenzó a sospechar e investigó.
Multas económicas
Además de las penas de cárcel también se han contemplado sanciones económicas entre los condenados como las multas impuestas de hasta tres millones.
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