La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una nueva investigación a las tres empresas dedicadas al transporte marítimo de viajeros y vehículos, entre Algeciras y Ceuta, por posibles prácticas anticompetitivas.
La CNMC investiga presuntos acuerdos para fijar precios y otras condiciones comerciales, para repartirse el mercado y los derechos de atraque en los puertos, así como para intercambiar información comercial sensible a fin de coordinar precios y horarios.
Según el organismo regulador, estas posibles conductas podrían haber afectado a las licitaciones públicas convocadas para la prestación de los servicios de transporte marítimo de pasajeros y vehículos entre Ceuta y Algeciras.
La CNMC ha iniciado esta nueva investigación gracias a la información recabada durante el periodo de vigilancia que siguió a la imposición de una sanción, algo que ocurre por primera vez. En el marco de este expediente de vigilancia, durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, la CNMC realizó inspecciones en las sedes de varias empresas que operan en las líneas marítimas entre Algeciras y Ceuta.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de este viernes, un nuevo real decreto que actualiza la normativa relativa a las inspecciones de seguridad de los buques de pasaje de transbordo rodado y de las naves de pasaje de gran velocidad.
La nueva regulación incorpora a nuestro sistema jurídico la normativa europea más reciente, que armoniza las inspecciones de las Administraciones marítimas. El objetivo que se persigue es el de simplificar y racionalizar las inspecciones, armonizándolas, para mejorar su eficacia y garantizar la seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular.
De esta forma, se evitan solapamientos y duplicidades en el proceso inspector, optimizando y racionalizando los esfuerzos de la Administración Marítima y las navieras.
Por otra parte, el nuevo real decreto también modifica puntualmente el reglamento por el que se regulan las inspecciones a buques extranjeros en puertos españoles, con el propósito de consolidar el contenido y la frecuencia de las inspecciones del Estado rector del puerto a los buques de pasaje de gran velocidad.
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