La consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha detallado este jueves a Vox en el Pleno que el Club de Inversores que se ha encargado poner en marcha a una asesoría externa (Startups Inversores SL) por 17.000 euros al año (56.316 euros en 4 años en total) busca “que el ecosistema emprendedor de la ciudad crezca y tenga el potencial que se merece removiendo los obstáculos que puedan encontrar empresarios locales, así como generar conocimiento y talento a disposición de las sociedades emergentes”.
“El objetivo del Club de Inversores es que se aprovechen nuestras ventajas fiscales para 'startups' locales o germinadas fuera”, ha resumido Chandiramani, que ha precisado que la administración “no va a intervenir en cuáles se va a invertir, sino en conseguir una inversión de lanzamiento de entre 1 y 1,8 millones de euros, límite en el que ya no haría falta apoyo de la Ciudad”.
Entre las potenciales beneficiarias del proyecto del Club de Inversores estarían las empresas 'semilla' o aceleradas en el 'Ceuta Open Future' de Telefónica y Procesa y en ese mismo marco se impulsa una Cátedra de Inteligencia Artificial (IA) con la UGR o un Convenio con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de España.
“Podemos cometer errores, pero si no intentamos meter el gol no lo conseguiremos y nosotros necesitamos escaparate, darnos a conocer”, ha defendido la consejera en torno al tema del Club de Inversores, explicando que otras regiones como Navarra o Cataluña ya disponen de proyectos de búsqueda de inversores parecidas a este Club de Inversores, así como la propia Administración General del Estado a través de Enisa.
“Generar riqueza es el objetivo con este Club de Inversores, dar a conocer nuestro régimen fiscal, porque cuantas más empresas más empleo de calidad, ese es el fin”, ha remarcado la consejera.
El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha tildado de “preocupante” que se haya recurrido a un “elemento privado” para intentar atraer inversiones con un Club de Inversores, algo que a su juicio pone en cuestión el éxito de todas las iniciativas desarrolladas durante la última década.
El compromiso mínimo a lograr para poder continuar con el contrato a partir de 2025 es la constitución de una sociedad limitada con aportaciones de al menos 1 millón de euros durante cuatro años con aportaciones de un mínimo de 10.000 euros cada ejercicio y entre 35 y 40 empresas en cartera, como un poco un 10% domiciliadas en la ciudad.
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