Ciudadanos Ceuta ha puesto de manifiesto a través de una nota de prensa que nadie ha querido recordar el mayor escándalo ocurrido en la ciudad, el Caso Emvicesa. Lo cual, a menos de cien días de las elecciones que deben renovar el Ayuntamiento, asegura la formación naranja, "no deja de tener una importante lectura política". Desde C's hace memoria para recordar que "la detención el 15 de febrero de 2017 de miembros del Gobierno y de la oposición ha marcado –por más que unos y otros disimulen- esta legislatura. El Gobierno se desmoronó, al igual que lo hizo la unidad de actuación de los grupos de la oposición. El llamado caso EMVICESA, con más de cincuenta imputados a la espera de las penas que pida fiscalía, ha supuesto un terremoto institucional que el Gobierno trata de que se ignore aprovechando los intereses coincidentes de otros grupos". También recuerdan que se vieron implicados dos consejeras del Partido Popular y un viceconsejero: el gerente de la sociedad municipal de la Vivienda, así como el todavía portavoz del grupo Caballas. También el PSOE estaba en la Comisión Local de la Vivienda pero, a juicio de Ciudadanos, “sólo” se le puede achacar "pasividad, miopía y una tremenda irresponsabilidad ante lo que pasaba delante de sus ojos: ha quedado ya fuera del caso porque, según el auto, el PSOE por no hacer, ni iba a las reuniones de la Comisión Local de la Vivienda". En nota de prensa añaden que "pocos recordarán que, en aquel febrero, el Gobierno decidió no celebrar los habituales plenos de fin de mes debido a las propuestas presentadas por Ciudadanos: porque fuimos los únicos que decidimos llevar a la Asamblea este asunto. En la primera propuesta solicitábamos la dimisión o cese de las consejeras y diputadas, algo que se produjo a los pocos días. Y con la segunda, solicitábamos que el Reglamento de la Asamblea contemplara la suspensión o pérdida de la condición de diputado cuando estuvieran implicados en delitos de corrupción. El PP fue el que rechazó esta posibilidad". Curiosamente, afirman, "PP y Caballas compartieron durante un tiempo la misma estrategia de tratar de implicar como fuera a Ciudadanos en este turbio asunto. Y uno y otro lanzaron un “cállate” a nuestro diputado". Dirigen directamente una pregunta al portavoz de Caballas, Mohamed Alí, argumentando que ellos están en condiciones de asegurar que ningún miembro" de C's "está implicado en la corrupción que rodea las viviendas de protección oficial". El "fraudulento" listado de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar apareció a poco más de diez días de llegar Ciudadanos a la Asamblea. "Recordemos que los contratos estaban ya firmados por el representante del Gobierno y las llaves preparadas para su entrega. Cientos de personas esgrimían su derecho a ocupar una vivienda de la misma forma que se había hecho hasta ese momento", apuntan. La denuncia que hizo el Gobierno ante los juzgados fue contra esta lista, no contra la corrupción. Que no era su intención ir más allá y que este acto se les fue de las manos es evidente: quien fue encargada de hacerlo terminó imputada y el Gobierno trata ahora de abandonar discretamente su posición de acusación en el proceso. Ciudadanos "no ha dejado de considerar como intolerable cualquier tipo de corrupción en la vida pública, siendo una de nuestras prioridades y el principal instrumento para la regeneración política" que pretende la formación naranja según este comunicado de prensa. El caso EMVICESA, el único que en nuestra ciudad ha tenido trascendencia judicial, debe marcar un punto de inflexión que permita renovar lo público así como la asunción de responsabilidades por quienes las tengan, apuntan, porque "la transparencia" que exigen es "la mejor medida preventiva". Ciudadanos ha reclamado reiteradamente información detallada sobre la gestión de EMVICESA durante los gobiernos del PP, pero denuncian que "la gestión del PP sigue siendo tremendamente opaca en esta materia. La consigna es no mirar hacia atrás". Concluyendo, que tras el caso EMVICESA, "el Gobierno sólo ha adoptado dos decisiones con trascendencia: paralizar la construcción de viviendas sociales y dejar sin actividad esta empresa municipal".