El Área de Menores de la Ciudad Autónoma echó a andar hace tres meses (el 24 de abril comenzaron las jornadas de formación) el Proyecto de Prevención de la Delincuencia de
Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta, una iniciativa articulada a través de un convenio con el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) de la Universidad de Málaga (UMA) a través del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI), que ha sido el encargado “diseñarlo, ejecutarlo y evaluarlo” a partir de la “voluntad política” del Ejecutivo local.
Su directora, Elisa García, que también es profesora titular de Derecho Penal y Criminología en la UMA, lleva las riendas de este “programa público de intervención” que, según remarca, “es una iniciativa del Área de Menores a la que desde el Observatorio nos encargamos de gestionar a partir de los conocimientos científicos existentes sobre qué funciona y qué no y para evaluar su desarrollo”.
De entrada, la experta cree que las jornadas de formación iniciales fueron “muy acertadas”, tanto por el “alto nivel” de los ponentes que participaron como por la involucración en las mismas no solo de los tres educadores sociales contratados sino también de Fuerzas de Seguridad, medios de comunicación, gran parte del tejido asociativo de la ciudad, etcétera.
A partir de ahí, el ‘Equipo Drari [colega, amigo, en dariya]’ ha ido tejiendo una red de “coordinación” con los distintos departamentos de la Ciudad Autónoma, otras instituciones públicas, agentes sociales, el Ministerio Fiscal y personas que colaboran desinteresadamente como el ex futbolista Nayim, que cada jueves entrena a los alrededor de 30 menores extranjeros no acompañados que viven en la calle con los que se trabaja, de media, cada mes.
“Trabajo holístico”
“Este es un trabajo holístico en el que trabajamos múltiples ámbitos desde la perspectiva de la protección de la infancia, no solo porque hay que cumplir y hacer cumplir la ley sino también porque los estudios científicos demuestran que es así como se obtienen resultados”, destaca Elisa García, también doctora en Derecho.
El ‘núcleo’ del ‘Drari’, esos tres educadores sociales y otros voluntarios para quienes se ha establecido una línea de formación continua presencial o a distancia incluso con especialistas internacionales, viene realizando un trabajo “muy duro e intenso en primera línea, en la calle”, sobre todo en la zona portuaria, donde tarde o temprano acaban acudiendo los menores extranjeros, para “trabajar con los jóvenes tanto la autoestima y el control de emociones como la empatía, la tolerancia ante la frustración, etcétera”.
El objetivo es consolidar un programa que trabaje de forma “sistémica” el entorno de los menores, un colectivo con perfiles de lo más variopinto y edades comprendidas entre los 14 y los 18 años a quienes se ofrece asistencia sanitaria y de higiene (cobertura de necesidades básicas en general) pero también mediación, referentes de conducta, creación de un clima que “rompa la barrera de la desconfianza” y evite peleas, así como acompañamiento hospitalario, para cumplimentar adecuadamente las reseñas policiales...
Con este tipo de medidas implementadas “se reducen los riesgos de que los menores se conviertan en víctimas y, al mismo tiempo, como esperamos que constaten las estadísticas en la evaluación posterior, de que cometan actos delictivos en forma de robos, agresiones...”, señala García. Un patrón básico pasa por ocupar el tiempo de jóvenes que, sin actividades (deportivas, culturales…), tienen mucho tiempo desocupado y que están dando respuestas “muy positivas” a las actividades que se les ofrecen, por ejemplo una sesión de cine en la calle.
Fruto del trabajo realizado “algunos menores han pedido el ingreso en el Centro de Acogida de ‘La Esperanza’ y se han quedado de forma estable en él”, se congratula la directora del OCSPI, que también intenta recuperar y mantener vínculos entre los jóvenes emigrados a Ceuta y sus familias en Marruecos “cuando no apreciamos que es contraproducente hacerlo”.
El reto del proyecto es “encontrar soluciones individualizadas y duraderas que permitan su establecimiento a largo plazo en condiciones de normalidad y estabilidad”. Entre las “posibles soluciones duraderas” que se prevé ofrecer a los menores está la posibilidad de volver con su familia en origen (opción por la que ya se ha decantado alguno también), reinstalarlos con allegados en otra ciudad, entrar en ‘La Esperanza’ u otros centros especializados de intervención socio-sanitaria…