La Ciudad Autónoma ya ha recuperado 16 de las 45 viviendas de alquiler para jóvenes de
la promoción de Serrano Orive tras recibir la comunicación por parte de otro inquilino de su disposición a entregar la llave, paso pendiente solo de la preceptiva inspección técnica para certificar el estado en que el inmueble vuelve a manos de la Administración. Las otras quince ya están tapiadas para evitar que sean okupadas, según han indicado fuentes del Ejecutivo local, que
comenzó este año con 8 casas vacías y que durante lo que va de 2020 se ha hecho con otras siete.
El Gobierno local mantiene en curso un total de 25 demandas de desahucio en trámite por expiración del contrato de alquiler contra otros tantos adjudicatarios que se niegan a abandonar la promoción, entre ellos la vicepresidenta Segunda de la Asamblea, la socialista Cristina Pérez, y que empezarán a llegar a juicio “durante los próximos días”.
Emvicesa se puso en 2019, tras años dando pasos adelante y atrás con el bloque, a "solucionar los impagos de renta [de unos 200 euros mensuales] y de comunidad" que arrastraban algunos adjudicatarios, algo que se logró "con éxito", e inició un estudio exhaustivo "sobre la vigencia y actualización de los datos que en su día aportaron los arrendatarios.
Una vez examinados los expedientes por tres posibles causas de fin de los contratos (impago de la renta, finalización al cumplir 35 años o incumplimientos de las normas como poseer una o varias casas más en propiedad).
A un total de 34 inquilinos se les comunicó entonces que debían salir de las casas el pasado 22 de enero, uno este año y dos durante 2021.
Se eximió una familia porque "a pesar de no cumplir ni uno solo de los requisitos" se encuentra aparentemente protegida por la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social "por estar incluida en algunos de los siete requisitos que pueden dar lugar a la suspensión de un posible lanzamiento".
Al término de 2019 solo cuatro inquilinos manifestaron su intención de entregar voluntariamente las llaves y 26 "guardaron silencio". Finalmente se prepararon 30 expedientes "con información de la edad de cada miembro de la familia, lugar de empadronamiento de los miembros y número, propiedades...".
Un conocido bufete de abogados de la ciudad se hizo cargo de la defensa de los interpelados y presentó recurso de reposición dos días después de Navidad, pero a Emvicesa le pareció que se trataba de una estrategia para alargar el procedimiento y evitar que las viviendas quedasen “libres”, por lo que optó por iniciar los trámites de demandas, que se vieron retrasadas por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria.
Un total de 167 solicitudes para entrar en la nueva adjudicación
La Ciudad ha recibido 167 solicitudes (3 fuera de plazo) para participar en el
nuevo proceso de selección de arrendatarios que regirán la adjudicación por sorteo de las 45 casas protegidas de Serrano Orive a menores de 35 años en régimen de alquiler. Actualmente se está comprobando que la documentación que han aportado es correcta cruzando datos con Estadística o el Catastro para publicar la lista provisional de admitidos y excluidos y elevarla a la Comisión Local de la Vivienda.
Los aspirantes deben tener ingresos familiares ponderados de entre 1.300 y 3.000 euros mensuales (de 2,5 a 5,5 veces el IPREM, casi 538 euros al mes). También tener menos de 35 años de edad y ser español o tener residencia legal en territorio nacional mediante DNI, NIE o TIE; estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad de 3 meses y empadronado en Ceuta con una antigüedad mínima de 48 meses.
Las bases contemplan múltiples causas de exclusión que van desde “superar la edad de 35 años antes de finalizar el año natural dentro del que se ha abierto el plazo de solicitudes” hasta “integrar una unidad familiar compuesta por más miembros de los adecuados al tipo de viviendas disponibles”.
La misma suerte correrán quienes tengan ingresos superiores a los máximos ponderados establecidos o sean titulares de otra vivienda conforme a la información catastral. Igual si se incurre "en falsedad u ocultación en la información facilitada” o no llevan empadronados al menos los 48 meses anteriores “a la presentación de la solicitud”.