La Ciudad Autónoma ha aplicado a rajatabla el artículo 34 del Real Decreto del Estado de Alarma por la crisis del
coronavirus y ayer procedió a “suspender” el contrato de limpieza de los colegios de Ceuta que da trabajo a unas 60 personas a través de su concesionaria, la empresa ‘Servilimpsa’, que presumiblemente promoverá un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sobre la plantilla.
Será otra gota en un mar que hasta ayer a última hora de la mañana, al cierre de la segunda semana de confinamiento y movilidad limitada, sumaba en Ceuta un total de 557 peticiones y 2.150 trabajadores, 49 con reducción de jornada y el resto enviados temporalmente al paro.
El proceder del Gobierno local contrasta con el comportamiento que ha tenido en algunas sociedades municipales donde ha decidido sostener todo el
empleo (y los sueldos íntegros, por tanto) aunque no tengan ninguna actividad y con el del
Ministerio de
Educación, que no ha suspendido el contrato de limpieza de los institutos.
La paralización de esos contratos se ampara en el artículo 34 del Real Decreto de medidas económicas dictadas tras la implantación del Estado de Alarma. En él se estipuló que los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva vigentes “cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del Covid-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo”, quedarán “automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse”.
En el caso de los centros educativos, las medidas impuestas por el Estado no han ordenado inexcusablemente su cierre. De hecho, al principio se contempló que los equipos directivos, en todo o en parte, seguirían acudiendo a ellos, y que incluso algunos de los docentes seguirían haciéndolo para paliar los efectos negativos de la brecha digital.
Al final la Dirección Provincial pactó con los directores cerrarlos a cal y canto y la Ciudad Autónoma no ha aceptado ni mantener en nómina un retén mínimo de limpiadoras, por lo que el SEPE verá engrosada su carga local en forma de prestaciones un poco más.
Daños y perjuicios por suspensión de adjudicaciones
La normativa del Estado de Alarma establece que cuando la ejecución de un contrato público queda en suspenso, la entidad adjudicadora debe abonar al contratista “los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista”. Los daños y perjuicios por los que el contratista puede ser indemnizado son únicamente los referidos, con limitaciones, a gastos de personal y mantenimiento de la garantía definitiva, por alquileres o maquinaria o ligados a las pólizas de seguro previstas en los pliegos de adjudicación.
Sin casos de posible fraude que hayan llamado la atención
La Autoridad Laboral y los sindicatos no han detectado hasta ahora casos de presunto fraude en el más de medio millar de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han solicitado en la ciudad. Según las fuentes consultadas ayer por este periódico hasta la fecha no se ha rechazado ninguno y en el peor de los casos no se ha ido más allá de instar a la subsanación o el añadido de documentación sobre la presentada inicialmente.
El procedimiento que ha generado más discusión ha sido el presentado por una clínica sanitaria privada para prescindir provisionalmente de dos profesionales.
Inicialmente se le pusieron reparos porque, debido a la crisis sanitaria, se considera que todos los recursos disponibles pueden llegar a ser necesarios en caso de agravamiento de la coyuntura de expansión del coronavirus.
La empresa alegó con éxito que los dos contratos suspendidos no cubrían necesidades asistenciales generales sino vinculadas a dos programas concertados con la Ciudad Autónoma para la prevención y detección temprana de distintos tipos de cáncer, por lo que finalmente ha sido autorizada la tramitación de ese ERTE.
Lo mismo se está haciendo con los pedidos por otros establecimientos de naturaleza médica como clínicas dentales, etcétera.
La empresa de autobuses amplía su ERTE hasta veinticinco conductores, diez más
La concesionaria del servicio público de transporte de viajeros en autobuses urbanos, la empresa ‘Hadu-Almadraba’, anunció ayer a su plantilla que ampliará el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que ha solicitado a la Delegación hasta afectar a un total de 25 conductores, diez más de los que había incluido hasta la fecha.
Esa fue la decisión que adoptó tras no alcanzar un acuerdo con la parte social para promover una rebaja lineal de sueldos del 20%, porcentaje que en último término estaba dispuesta a dejar en un 15%, según las fuentes consultadas por este periódico.
La Ciudad Autónoma ha rebajado un 50% sus servicios ordinarios en domingos y festivos y un 70% los días laborables tras aplicar una reducción inicial del 30%, pero los ingresos que consigue del pasaje no pasan del 8% de los que tenía hasta la implantación del Estado de Alarma. Las alternativas de modificar sus itinerarios temporalmente o recibir aportaciones públicas extra no han prosperado.
López (Vox) pregunta por el número de afectados por ERTES en todo el país desde que se declarara el Estado de Alarma
La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, como portavoz adjunta de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer cuáles son las cifras de afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están llevando a cabo en todo el país después de que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo y se cesara toda actividad no considerada de primera necesidad. El Real Decreto por el que se declaraba el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19 recoge, entre otras medidas, facilitar la presentación de ERTE. “Numerosas empresas han utilizado este mecanismo para paliar, en cierto modo, los efectos negativos de esta paralización económica”, señala López. No obstante, apunta la diputada nacional de Vox, se desconoce el número exacto de trabajadores que se han ido al paro de forma temporal en todo el país y por eso pregunta al respecto al Gobierno de Sánchez. En Ceuta los datos si han trascendido y hasta este viernes 557 empresas de la ciudad han llevado a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a un total de 2.101 trabajadores.