La Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha llevado al Pleno dos documentos fundamentales que han sido aprobados. Uno regula las rentas máximas de alquiler para vivienda protegida y el otro modifica el Plan de Vivienda de Ceuta.
La ordenanza salió adelante con los votos de PP y no adscritos, mientras que la modificación del Plan también recibió el respaldo de MDyC, con abstenciones del PSOE y Ceuta Ya! y un voto en contra de Carlos Verdejo.
Ambos textos determinan la estrategia de vivienda en la Ciudad Autónoma hasta 2028. El objetivo es intentar moderar los precios y facilitar el acceso a la vivienda digna, aunque urbanísticamente no se prevén grandes transformaciones.
Uno de los cambios principales afecta al número total de viviendas: el Gobierno baja la previsión de 1.038 a 945, aunque en realidad el documento cifra 915. Además, desaparece la opción de venta pública a precios asequibles. Las nuevas promociones estarán únicamente destinadas al alquiler con precios regulados.
Otra novedad es la eliminación de la colaboración público-privada, lo que implica que no se construirán las 120 viviendas que estaban supeditadas a la inversión privada. A partir de ahora, toda la edificación prevista se hará con fondos públicos.
Esta decisión fue anticipada por Ceuta Ya!, que calificó el modelo de “una estafa”. Como recordó Mohamed Mustafa: “Entonces se rieron de nosotros, hoy vienen a darnos la razón”, en referencia a experiencias previas como la cooperativa de Huerta Téllez con la empresa sevillana Dolmen, que quebró, y al bloque inconcluso en el Sarchal.
La Consejería de Fomento prevé una inversión de 76 millones de euros hasta 2028, a los que se sumarían 6 millones del Estado. También se incluyen plazos concretos para el inicio, ejecución y entrega de todas las viviendas previstas en régimen de alquiler.
En el ámbito normativo, se ha aprobado inicialmente la ordenanza que regulará el acceso, el importe del alquiler y un precio tope por metro cuadrado construido, fijado en 2.000 euros. Aunque no se prevea venta, se establece como referencia para futuras promociones.
Se crean tres tipos de alquiler público. El Tipo I, “alquiler asequible” o de “régimen general”, tendrá un máximo de 7,5 €/m² al mes. Para una vivienda tipo de 80 m², supone 600 euros mensuales. Accederán quienes ingresen entre 1.800 y 3.300 euros mensuales sin cargas familiares.
El Tipo II se denomina “Alquiler Asequible en Régimen Especial” y se dirige a quienes ganan entre 960 y 1.740 euros al mes. El alquiler no superará los 4,5 €/m², lo que deja una renta de 360 euros para una vivienda estándar.
El Tipo III corresponde al “alquiler social”. Podrán optar quienes acrediten entre 300 y 900 euros mensuales de ingresos. Pagarán 2 €/m², es decir, unos 160 euros al mes para 80 m². Como siempre, la vivienda no podrá ser subarrendada ni usada como segunda residencia.
En Huerta del Molino se mantienen las 160 viviendas previstas, ahora todas en régimen de alquiler tipo I. La inversión será de 23,5 millones de euros financiados íntegramente por la Ciudad Autónoma. La licitación será en noviembre, obras en marzo de 2026 y entrega en septiembre de 2027.
En Pozo Rayo se amplía de 96 a 123 viviendas, también en alquiler tipo I. Accederán quienes ganen entre 1.800 y 3.300 euros al mes, con un alquiler de 600 euros. El coste será de 18 millones de euros, obras desde noviembre de 2025 a febrero de 2027.
En Monte Hacho (Sarchal) se mantienen 42 viviendas para alquiler tipo I. Se estima un coste de 6,2 millones de euros. La licitación será en agosto, con inicio de obras en diciembre de este año y finalización en febrero de 2027, entrega en julio del mismo año.
Hasta ahora, se contabilizan 325 viviendas para rentas altas, situadas en el distrito centro (2). Aunque no se explica oficialmente, se intuye que el objetivo es influir en el mercado privado con precios ligeramente más bajos en el sector público.
En Huerta Téllez comenzarán las primeras obras. Serán 29 viviendas de alquiler tipo II, con un presupuesto de 4 millones, de los cuales el Estado pone 900.000 euros. Se espera que empiecen en julio de 2025 y terminen en diciembre de 2026.
En Plaza Nicaragua se construirán 71 viviendas bajo las mismas condiciones que Huerta Téllez. La inversión será de 8,7 millones de euros, con inicio en mayo de 2026 y entrega en octubre de 2027. Su situación no cambia respecto al plan inicial.
Las 90 viviendas de Santiago Apóstol también serán para alquiler tipo II. Se levantarán en la Trocha Otero, con una inversión de casi 16 millones de euros. Se espera que las obras comiencen en mayo de 2026 y concluyan en noviembre de 2027, con entrega en enero de 2028.
Por otro lado, se mantienen las 200 viviendas en Loma Colmenar-Los Rosales, destinadas al alquiler social (Tipo III). Están previstas para quienes ganen entre 300 y 900 euros al mes. Se invertirán 30 millones, con obras entre julio de 2026 y enero de 2028.
Otras 230 viviendas también sociales se ubicarán en dos parcelas cerca del Hospital. Aunque aún no hay fechas, sí se ha asignado un presupuesto de 30,6 millones. Estas dependerán de SEPES, la empresa pública estatal de suelo.
Estas 430 viviendas sociales se construirán en la periferia y son las que más tardarán en ejecutarse. Muchas familias vulnerables deberán esperar pese a que un 40 % de los hogares están en riesgo de exclusión social.
Para agilizar, se empleará un modelo industrializado, con elementos prefabricados. No hubo mucho debate, ya que la ordenanza deberá volver al Pleno y los partidos ya han anunciado enmiendas. Algunos documentos técnicos aún reflejan modelos de venta pública, ya fuera del Plan.
La anterior ordenanza era de 2006 y esta nueva surge ante la necesidad de ejecutar el Plan de Vivienda. La mayoría de los grupos han destacado el abandono histórico del Gobierno en construir con fondos propios. Ahora, con 76 millones en inversión y 945 viviendas previstas (715 si se descuentan las de SEPES), la situación cambia.
La crítica más concreta vino de Ceuta Ya!, cuyo portavoz Julia Ferreras explicó su abstención: “Nos chirrían cosas, tanto los umbrales como la distribución de viviendas en diferentes regímenes que nos parece que lejos de generar modelos reales de convivencia perpetúa las desigualdades”.
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