Las quejas de algunos partidos de la oposición sobre la adjudicación de las obras en la ciudad
a Tragsa podrían ser cosa del pasado de llevarse a término la intención del Ejecutivo de ir reduciendo las encomiendas a la sociedad pública. “La voluntad del Gobierno es disminuir los encargos de obras que se le hace a Tragsa y que vayamos a menos, que deje de ser un recurso que se equipare a la contratación pública y se convierta en algo residual”, comenta la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kissy Chandiramani.
Y aunque de momento, la responsable del área ha asegurado que “seguiremos con Tragsa”, esta continuidad también va a depender de cada una de las obras en cuestión. “Valoraremos lo que técnicamente nos recomienden los funcionarios y el personal de la casa porque habrá obras en que sea más fácil y rápido el encargo a Tragsa al primar la agilidad por empezar”, matiza.
Una agilidad que a veces contrasta con los retrasos que la empresa pública registra en la ejecución de las obras encomendadas. Para Chandiramani, sin embargo, no es del todo cierto. “Hemos incluido en nuestro argot, creo que por repetirlo muchas veces, una cuestión que es una verdad a medias y es que Tragsa se retrasa en la ejecución de las obras. No es que se retrase, es que es una empresa pública que tiene que sacar a licitación los procedimientos de contratación, además de que recientemente ha entrado en vigor una nueva ley y eso ha retrasado todo”.
Aunque Chandiramani reconoce que estos procedimientos suelen durar entre tres y cuatro meses, también es consciente de que “son mucho más ágiles que si los hiciera la Ciudad. “Una vez que los concluyen, comienza la obra y ese plazo de los procedimientos hay que incluirlo en la ejecución de la obra, cosa que no se hace”.
Chandiramani recuerda, además, otros factores que son determinantes en el retraso de las obras. “Material arqueológico que valorar y la obra debe pararse o si encuentran algún tema relacionado con agua, luz o temas de seguridad también hay que parar, pero eso le ocurriría tanto a Tragsa como a cualquier otra empresa”.
Los servicios sí continúan
Aunque Chandiramani ha dejado bien clara la intención del Gobierno de ir rebajando el número de encomiendas a Tragsa “a menos que el informe técnico declare o se vea claramente que es más favorable por agilidad, plazo y precio encargárselo a esta empresa”, donde la Ciudad piensa continuar su relación con Tragsa es en los servicios que les tiene adjudicados, algunos desde hace años, como en el caso del picudo rojo, cuya actuación desarrolla la entidad desde hace unos 20 años o en la limpieza de los parterres en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, servicios que la consejera estima que “están funcionando bien por lo que no vemos la necesidad de cambiar el sistema”.
A pesar de esta satisfacción, Chandiramani matiza que los servicios también podrían estar a expensas de los servicios técnicos y de los resultados obtenidos. “En principio continúan si no tenemos problemas, pero según vayamos viendo y nos digan los técnicos cual es la mejor solución”.
Encomiendas, siempre en el punto de mira
La legalidad o no de las encomiendas a la sociedad pública Tragsa ya estuvo sobre la mesa hace un tiempo cuando el grupo Caballas indicó que el Tribunal Administrativo General de Recursos Contractuales, dictaminó que no se le puede adjudicar a Tragsa ninguna obra que se vaya a ejecutar en suelo urbano. Dictamen que no fue aceptado por la Ciudad al responder que contaban con un informe jurídico que en su día se solicitó a la Abogacía del Estado y en el que se indicaba, de manera clara y taxativa, que se le podían encomendar obras a que se fueran a ejecutar en suelo urbano, urbanizable o rural, siempre que estuviera dentro del objeto social de la empresa pública.
La Ciudad siempre ha defendido que todas las encomiendas de gestión hechas a esta sociedad pública entran dentro del objeto social tanto de Tragsa como de su filial Tragsatec.