Casi cuatro meses después de tomar conocimiento formal de la primera alerta sobre el (mal) estado de los anclajes de las características lamas de las fachadas del Edificio Colores, en aparente riesgo de caída por motivos ajenos al incendio que se declaró en su entreplanta el verano pasado, la Ciudad Autónoma de Ceuta ha pedido un informe técnico especializado sobre las mismas para aclarar si cumple o no con la normativa y para determinar qué medidas corresponde adoptar para conseguirlo.
El director del proyecto de reconstrucción del inmueble tras ese suceso, Rafael Atencia, trasladó de inmediato a la administración a mediados de febrero el primer aviso que recibió de un propietario advirtiendo del “posible desprendimiento” de paneles sobre las aceras de las calles Real o Martín Cebollino por el mal estado de los anclajes.
Los técnicos contratados para los trabajos de rehabilitación del bloque tras el incendio ya recomendaron entonces solicitar un dictamen pericial sobre cómo garantizar la seguridad de la fachada para los vecinos y los viandantes, pero la Consejería de Fomento no impuso ninguna medida cautelar.
Casi dos meses después, a mediados de abril, un técnico se sumó a dicho planteamiento y se ha instado a los residentes a no manipular las lamas hasta “verificar su buen estado de conservación”.
Los propietarios de las viviendas del Edificio Colores, a las que se accede por el portal de la calle Real, pueden estar en las de la escalera 1 (una vez descontaminadas y con servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento...) desde finales de enero. Los de la otra, que dan a la calle Martín Cebollino, están habilitados para hacerlo desde el 18 de marzo, como todos los dueños de garajes, por lo que quienes no han regresado aún es porque han preferido otra alternativa.
“La Ciudad no ha ordenado cambiar la fachada del Edificio Colores, al menos no todavía, porque aún no existe ese informe técnico especializado que hay que hacer para corroborar si cumplía la normativa del Código Técnico de Edificación de 1996 y la del actual, así como qué hacer en caso negativo”, ha explicado Atencia.
El director del proyecto de reconstrucción, que fue contratado a mediados de noviembre y logró hacer posible el regreso de todos los vecinos en cuatro meses, avanza que “si se corroborase que se otorgaron las licencias de primera ocupación sin que el bloque cumpliese la normativa la Ciudad debería asumir su responsabilidad y conceder ayudas para la ejecución de las obras que sean precisas, cuyo coste sería presumiblemente elevado”.
Sobre los envolventes del Edificio Colores no solo pesa la sospecha de que sus anclajes presentan un estado tan deficiente que podrían desprenderse sobre la vía pública o las terrazas, sino también la posibilidad de que no respeta los requisitos mínimos que imponía la legislación anterior y la actual para facilitar la intervención de los Servicios de Extinción de Incendios en caso de emergencia y necesidad de evacuación urgente.
Tras el incendio de mediados de julio del año pasado el proyecto de reconstrucción del inmueble está casi liquidado a expensas de los últimos detalles y la reconstrucción de dos viviendas que por la afectación de la estructura del edificio se han tenido que demoler.
La aseguradora de la Comunidad de Propietarios, Mapfre, ya ha desembolsado hasta ahora un millón de euros, cantidad con la que estima que ya ha cubierto su cuota de responsabilidad a expensas del proceso de concurrencia en el que se ha entrado ahora, en el que esa compañía y las particulares de cada vecino deberán determinar los porcentajes a asumir por los daños en cada casa.
Dichos cálculos deberían estar terminados “a finales de julio” y se prevé recibir las indemnizaciones finales “en septiembre”, pues agosto también es un mes prácticamente inhábil para ese sector. Entonces se abordará la reconstrucción de las dos viviendas cuyos forjados tuvieron que ser demolidos al completo, “algo de lo que sus propietarios están perfectamente informados”.
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