La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha fijado en 679.103 euros la cantidad que facturará a la
Ciudad de Ceuta en 2023 en concepto de Canon de Regulación para el abastecimiento de Ceuta, un 15,3% menos que este año, ejercicio para el que se cuantificó en casi 802.000 euros. El sistema de regulación de las aguas de Ceuta se compone de los embalses del Renegado y el Infierno, que aparte de retener el agua caída en sus propias cuencas sirven para almacenar y regular otras aportaciones. El organismo regulador considera que ambos suman un volumen de agua equivalente a 999.140 metros cúbicos para calcular el canon, ya que esa es la cantidad de recursos hídricos que se podrían regular con dichas infraestructuras para asegurar los caudales necesarios a la población. El Canon de Regulación se compone de tres sumandos: el total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas; los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras; y el 4% del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica y la depreciación de la moneda. La “situación excepcional” de Ceuta justifica que tenga “un tratamiento especial por parte del Estado” en la confección de su recibo, con diversas correcciones y deducciones. Así, por ejemplo, asume un tercio de los gastos de regulación sobre los que se aplica el Canon “por el papel que las presas juegan en la prevención de avenidas”. Para la Confederación está justificado que los usuarios finales del agua en Ceuta solamente asuman un 66% de sus costes, lejos de los estándares europeos, porque “esa intervención es necesaria en orden a suministrar a los ciudadanos unos servicios homologables a los del resto del país sin que estos tengan que incurrir en gravámenes inasumibles”.
Los costes totales anuales de los servicios del agua actualizados en Ceuta se cifran en unos 25,1 millones de euros, la inmensa mayoría (24,5) para el abastecimiento urbano y sobre todo en concepto de desalinización (7,6), de abastecimiento urbano en baja (8,2) y de recogida y depuración en redes públicas (7,3). Los ingresos ascienden a alrededor de 16,5 millones, casi la mitad por el agua distribuida a los hogares (7,1, el 87% del coste), un total de 3,7 millones por la desalación (el 49,3% de lo que cuesta) y 3,9 por la recogida y depuración (54% de recuperación).