El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas prevé seguir abonando las subvenciones que sostienen puestos de trabajo durante el tiempo que se mantenga vigente el Decreto de Alarma y las medidas excepcionales de restricciones de la movilidad ciudadana impuestas siempre y cuando las entidades beneficiarias de esas transferencias “reformulen” sus memorias para el ejercicio 2020 y compensen con modalidades no presenciales o aumentando la carga de actividades en otro momento del año todo lo que no se podrá hacer en este periodo de aislamiento y distancia social.
Ese es el principio de acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo local, a través de su consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y Comisiones Obreras (CCOO), que a través de su secretario general, Juan Luis Aróstegui, se puso en contacto con la Administración para explorar las vías legales existentes para no incrementar el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) solicitados en la ciudad, que ya son cerca de 350 con casi 1.400 personas afectadas directamente.
“Los ERTE los paga el Estado, no se financian por ciencia infusa, aunque a veces se hablase de ellos como si no le costasen nada a nadie”, advirtió Aróstegui en declaraciones a este periódico.
El sindicato está de acuerdo con no abocar a más entidades y trabajadores a esa salida y con que se puedan rehacer las memorias de trabajo anuales que reciben ayudas públicas “de tal forma que las funciones se reasignen temporalmente”.
Solo los beneficiarios de subvenciones que no reformulen sus propuestas de trabajo o que no ejecuten las modificaciones que planteen verán detraídas las cantidades que correspondan de sus asignaciones desde la Administración local.
Los Presupuestos Generales de la Ciudad para el ejercicio en curso contempla un centenar de partidas con forma de subvención que, en conjunto, suman algo más de 11,2 millones de euros para distintas entidades, asociaciones e instituciones de Ceuta. Solo la que percibe la FPAV para el sostenimiento de las Brigadas Verdes mantiene más de 150 puestos de trabajo, pero el total soportado es muy superior.
Más de 300 empleos sostenidos directamente
Solo los departamentos de Asuntos Sociales y Sanidad sostienen más de 150 puestos de trabajo directamente relacionados con las subvenciones que conceden a distintas entidades y asociaciones cuantificados en términos de “personas que formalizan o conservan relación contractual con la entidad subvencionada para el desarrollo del objeto del convenio”. Por citar las entidades con más empleo generado, en Plena Inclusión se mantienen 39, quince en la Fundación Eduardo Gallardo, ocho en Síndrome de Down, nueve en ACEPAS... Las Brigadas Verdes aportan una cantidad similar.
Contratación pide datos sobre contratos que ahora no se pueden prestar
El Negociado de Contratación de la Consejería de Hacienda ha pedido a todos los departamentos de la Administración autonómica información sobre contratos que no se puedan ejecutar “por causas ajenas al adjudicatario del mismo” en las actuales circunstancias ligadas a la crisis del coronavirus “como por ejemplo la limpieza de un edificio que estuviese cerrado y que imposibilitara su ejecución” para dictar “las resoluciones oportunas”.
El Real Decreto de medidas económicas de acompañamiento del Estado de Alarma ha establecido que “los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva vigentes” hasta hace diez días y celebrados por las entidades pertenecientes al sector público cuya ejecución haya devenido “imposible como consecuencia del Covid-19” o de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo, deben quedar “automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que la misma pueda reanudarse”.
Las excepciones contemplada se refieren a contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento informático, para labores de transporte o de otra índole “cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria”.
