La Ciudad ordena el derribo de un local social en el Sarchal por su estado de ruina

El local social que se asienta sobre el Fortín del Quemadero en el barrio del Sarchal de Ceuta será historia en breve. Así lo ha decidido el Gobierno local, que ha dado instrucciones para que a la mayor brevedad se proceda a la demolición de este edificio. Es lo que dicta el decreto firmado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, quien señala en el texto que esta medida obedece a los daños que se han detectado en la construcción tras los últimos temporales de vientos y lluvias que han azotado la ciudad.

La decisión se fundamenta en un informe del 16 de febrero en el que un técnico municipal expone que este local social, propiedad de la Ciudad Autónoma, presenta graves deficiencias estructurales y derrumbes parciales. El estudio señala que el inmueble se encuentra en un “estado de ruina avanzada”, situación que se ha visto agravada por los fenómenos meteorológicos adversos recientes y por la ubicación específica de la edificación sobre un talud.

Estas circunstancias generan, según el análisis, un “riesgo cierto e inmediato” para personas, bienes y para la preservación del Bien de Interés Cultural (BIC) Fortín del Quemadero. El informe concluye que el deterioro es progresivo y que existe una “posibilidad real de nuevos colapsos”, lo que justifica técnicamente la declaración de emergencia para adoptar medidas cautelares y ejecutar la demolición definitiva.

Para sustentar aún más esta propuesta, se enuncia que como medida previa ya se ordenó el 23 de febrero de 2026 el desalojo de las viviendas situadas en el entorno del local, ubicado en el número 66 de la barriada.

Demolición del inmueble en dos meses

Estos trabajos de derribo del inmueble serán asumidos por la empresa Excavaciones del Norte de África, por un importe total de 178.254 euros. El técnico municipal es el que ha establecido en el mismo informe los costes económicos de los trabajos, así como el plazo de ejecución de dos meses para completar las tareas de demolición.

La selección de esta empresa responde a su especialización técnica y a la posesión de la autorización preceptiva para la gestión de residuos peligrosos. Los informes técnicos destacan que la naturaleza de las obras exige la manipulación de fibrocemento con contenido en amianto. Por ello, el contratista debe contar con personal cualificado y los medios técnicos adecuados para garantizar una ejecución segura y conforme a la normativa vigente en materia de desamiantado.

La tramitación de urgencia de esta actuación en el local social del barrio del Sarchal de Ceuta se acoge al régimen excepcional previsto en la legislación sobre contratos en el sector público, que permite a la Administración actuar de manera inmediata ante acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro, eximiendo de la obligación de tramitar el expediente de contratación ordinario.

Marco legal y contexto de emergencia

Además, la Ley de Régimen Local faculta a los alcaldes y presidentes de este tipo de entidades a adoptar personalmente las medidas necesarias en caso de catástrofe o grave riesgo, dando cuenta inmediata al Pleno, seguramente en la próxima sesión de la Asamblea. Por ello, el decreto en este caso está rubricado por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, tras la solicitud formulada por el consejero de Urbanismo y Transporte.

Esta decisión de la Ciudad se produce en un contexto de emergencia de protección civil declarado por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2026. Dicho acuerdo nacional incluye a Ceuta entre los territorios afectados por una concatenación de 76 episodios catastróficos provocados por borrascas y ocurridos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 “en numerosas comarcas de 14 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta”.

Esas 76 emergencias comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) durante ese periodo que obligaron a las autoridades autonómicas a activar las distintas situaciones operativas de sus respectivos planes autonómicos de protección civil. De manera excepcional, el acuerdo incluye “determinados sucesos acaecidos en Galicia y Ceuta aun cuando la situación operativa comunicada al CENEM no superó la fase de preemergencia o situación operativa 0”.

El acuerdo estatal reconoce daños significativos en infraestructuras y servicios públicos, habilitando ayudas para la reparación de equipamientos municipales e infraestructuras de titularidad pública. Por ello, el Gobierno central ha dictaminados que los damnificados pueden solicitar esos fondos de auxilio desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior.