La Consejería de Hacienda informó este lunes en la Comisión Informativa del ramo a los grupos de la oposición de que se ha pedido a la Abogacía del Estado un informe jurídico sobre la interpretación que, atendiendo al criterio de un experto externo, se ha dado a las cláusulas del Pliego del
contrato de limpieza pública viaria vigente para concertar un nuevo Plan de Servicios que conllevará el abono de 1,4 millones de euros más a
Trace para realizar trabajos extra de desinfección a lo largo de este año.
El MDyC denunció que los técnicos de Intervención y Contratación de la Ciudad se pronunciaron en contra de ese encargo al entender que supondría una ampliación irregular del contrato por exceder el 10% máximo legal ya agotado desde 2013. Según las fuentes consultadas por este periódico fueron esos mismos técnicos los que recomendaron pedir opinión al jurista Tomás Ramón Fernández, que entendió que sí era viable el nuevo Plan de Servicios firmado por Chandiramani el 1 de marzo. Así lo dictaminó atendiendo a la redacción de los Pliegos, que estipula que las revisiones “no serán consideradas, a los efectos que procedan, modificaciones del contrato” siempre que se hagan “respetando el equilibrio económico de la explotación” y a “los precios unitarios resultantes de la licitación”. Este decreto para dar 1,4 millones más a Trace trajo una gran polémica al pedir el MDyC la paralización del mismo hablando de “última cacicada”. Tras ello, el
Comité de Empresa que preside Juan Gutiérrez manifestó su "malestar" ante tales declaraciones, exponiendo su "cansancio" por que ser constantemente "utilizados" para "sacar rédito electoral" y anunciando que se plantaría con los trabajadores en la sede de MDyC acusando a la formación liderada por Fatima Hamed d la formación de provocar despidos por pedir que se paralice el decreto que inyecta 1,4 millones a la empresa.