El Gobierno de la Ciudad sigue “trabajando” en “diferentes alternativas” para seguir ayudando al sector del taxi de Ceuta, que continúa padeciendo la caída de su actividad que trajo consigo el cierre de la frontera del Tarajal, pero ve legalmente inviable la concesión de más subvenciones directas una vez cerrada la ventana que para su otorgamiento abrieron las instituciones comunitarias en el contexto extraordinario de la pandemia.
Con 121 licencias en la actualidad (cinco de ellas para vehículos adaptados a personas con discapacidad), la administración local ha repartido 1,61 millones de euros entre sus propietarios y los conductores durante los dos últimos años.
Según los datos que maneja la Sociedad de Fomento Procesa, los dueños han percibido 510.000 euros en forma de ayudas directas y otros 505.000 para la modernización de la flota. A los trabajadores del sector a través de cerca de 200 solicitudes atendidas se les asignaron otros 600.000 en el marco de los programas del ‘Ceuta Resiste’, en el que se acordó compensar las consecuencias de las restricciones de movilidad y actividad ligadas a la crisis sanitaria.
Ante el muro legal que el PSOE y el MDyC exigen salvar, en el primer caso incluso bajo amenaza de boicotear el primer expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad para este año, el Ejecutivo local está explorando otras vías con el mismo propósito.
“El Gobierno de la Ciudad mantiene su compromiso de dar un apoyo al sector que repercuta directamente en sus trabajadores, pero ahora ya no es posible la concesión de las mismas ayudas directas porque en aquellas circunstancias la Unión Europea abrió una vía en favor de empresas y trabajadores con el fin de paliar la situación causada por la pandemia y la merma de ingresos que se cerró y no es posible, jurídicamente, dar ayudas para gasto corriente, sino para inversión, que son las que se mantienen”, han contextualizado desde el equipo que lidera Vivas.
Según fuentes gubernamentales, “en las reuniones en las que han participado las Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, que es la competente, y las de Hacienda y Fomento ya se han puesto sobre la mesa distintas alternativas”.
Entre ellas estaba una subida de las tarifas que ha dejado la carrera mínima en 3,5 euros, la bajada de bandera en 1,1, el kilómetro recorrido en 80 céntimos y los suplementos entre 0,4 euros (por maleta o bulto) y 38,4 (por el recorrido turístico de 90 minutos). La actualización de precios se ha dejado a Servicios Tributarios para que se produzca con más “agilidad”.
En el ámbito del IPSI, la Consejería de Hacienda trabaja en el expediente para rebajarlo del 2% al 0,5% en ese sector y Turismo ha avanzado en la inserción de publicidad en el exterior de los vehículos y en la implantación de una aplicación para facilitar la realización de recorridos turísticos a visitantes.
La consejería de Yamal Dris espera culminar “este año” la reforma de la Ordenanza del sector. Una vez redactado el borrador se prevé “consensuar” su resultado final con los representantes del mismo “con el objetivo de que este proceso sea lo más participativo y enriquecedor posible”.
También sigue abierto el procedimiento incoado en mayo del año pasado para actualizar los datos de los vehículos afectos a las licencias, sus titulares, sus conductores asalariados y sus sanciones. En este caso casi el 90% de los propietarios ni han contestado a la Ciudad.
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