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La Ciudad inicia el desalojo de un puesto del Mercado Central

El expediente, publicado el 21 de abril de 2026, abre un plazo de alegaciones antes de decidir sobre la extinción de la concesión del espacio

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha acordado iniciar un procedimiento administrativo para el desalojo del puesto número V-26 del Mercado Central, según recoge el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE nº 6.610) publicado este martes 21 de abril de 2026.

La actuación, incluida en el punto 312, supone el arranque formal de un expediente que podría derivar en la extinción de la concesión administrativa de este espacio concreto, aunque por el momento no existe una decisión definitiva.

El documento oficial no solo confirma el inicio del procedimiento, sino que además identifica de forma expresa el puesto afectado (V-26).

Un expediente que puede acabar en desalojo

El acuerdo adoptado por la Ciudad no implica un desalojo inmediato, pero sí abre la puerta a que este se produzca si finalmente se confirma la extinción del derecho de uso del puesto.

Este tipo de expedientes forman parte de la gestión ordinaria de los mercados municipales y se tramitan conforme a la normativa que regula las concesiones administrativas de espacios públicos.

El documento publicado no entra en detalles sobre el caso concreto, pero sí deja claro que la administración ha considerado necesario iniciar este procedimiento, lo que sitúa al puesto afectado en una situación administrativa en revisión.

Plazo de alegaciones: clave en el proceso

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la apertura de un plazo de alegaciones, un trámite imprescindible en cualquier procedimiento administrativo de este tipo.

Durante este periodo, el titular del puesto podrá:

  • Presentar alegaciones por escrito
  • Aportar documentación justificativa
  • Defender la continuidad de su concesión

Este paso resulta determinante, ya que la administración deberá tener en cuenta toda la información presentada antes de dictar la resolución definitiva.

Posible extinción de la concesión

El expediente iniciado contempla la posibilidad de acordar la extinción de la concesión o autorización administrativa del puesto.

En caso de que finalmente se adopte esta decisión, el espacio pasaría a quedar bajo control de la Ciudad Autónoma, que recuperaría su disponibilidad.

No obstante, el BOCCE deja claro que esta medida no es automática, ya que depende del resultado final del procedimiento y de la valoración de las alegaciones que puedan presentarse.

Régimen de concesiones del Mercado Central

El Mercado Central de Ceuta funciona mediante un sistema de concesiones administrativas, a través del cual la Ciudad adjudica el uso de los puestos a particulares o empresas.

Estas concesiones están sujetas a una regulación específica que establece:

  • Las condiciones de uso del espacio
  • Las obligaciones de los titulares
  • Los supuestos en los que puede iniciarse un expediente administrativo

La gestión de estos espacios corresponde a la administración local, que tiene la competencia para iniciar procedimientos cuando lo considera necesario dentro del marco legal.

Qué puede ocurrir con el puesto

El expediente contempla como posible resultado la extinción de la concesión administrativa, lo que supondría que el puesto dejaría de estar asignado a su actual titular.

En ese caso, la Ciudad Autónoma recuperaría la disponibilidad del espacio, que podría ser objeto de nuevas decisiones administrativas.

No obstante, este escenario dependerá de la evolución del procedimiento y de la valoración final que realice la administración tras analizar las alegaciones.

Un proceso aún abierto

El procedimiento iniciado por la Ciudad Autónoma se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que no existe una decisión definitiva sobre el futuro del puesto afectado.

La resolución publicada este martes constituye únicamente el acuerdo de inicio del expediente, un paso necesario dentro de la tramitación administrativa.

Habrá que esperar a la resolución final para conocer el desenlace de este proceso, que se desarrolla conforme a los principios de legalidad, transparencia y garantía de los derechos del interesado.

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