La consejera de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo de Ceuta, Mabel Deu, ha anunciado este miércoles en el Pleno que el Gobierno va a poner en marcha un protocolo para “denunciar
ante la Fiscalía a los residentes que permitan empadronamientos irregulares en sus domicilios”. Lo hará por la comisión de un presunto delito de falsificación de documentos públicos que, según ha recordado, está penado en el artículo 392 del Código Penal con entre seis meses y tres años de prisión. Además, el PP ha acordado con Vox explorar al menos en el seno de una Comisión Informativa la “viabilidad legal” de separar a las personas que acuden a las oficinas del Registro de la Ciudad, donde se realizan los trámites padronales, “en dos filas, una para ciudadanos de la UE y otra para extracomunitarios, como en cualquier aeropuerto”. Deu ha evitado (“ya se deriva a cada colectivo a unos trabajadores u otros en función del trámite a realizar”, ha repetido) incluir expresamente esa posibilidad, “ilegal” para el resto de la oposición, en el contenido literal del acuerdo alcanzado, pero el presidente Vivas ha asegurado que será sometida a análisis con el reto de aristas de un tema “trascendental” para que “todo el mundo se entere de cómo funciona esto”. Con ese compromiso, Vox ha admitido la enmienda transaccional del PP, que ha prosperado gracia a los 15 diputados que suman ambas formaciones. El portavoz
de Vox, Carlos Verdejo, ha llevado a la Cámara la “mala imagen” que proyectan las “colas” que durante semanas se registraron ante el Palacio autonómico y la “falta de personal y medios” de la que a su juicio adolece el Área de Estadística (“CSIF también se ha posicionado, no sé los sindicatos comunistas”, ha deslizado) pese a la reciente implantación del sistema obligatorio de cita previa y el establecimiento de jornadas partidas extendidas para “acelerar” los expedientes acumulados. “Tenemos que ser más rigurosos con el Padrón y proponemos separar a los ciudadanos en dos filas, una para persona de la UE y otra para extracomunitarios, como en cualquier aeropuerto, que seguro que la primera va más ligera, e imponer sanciones contundentes que sirvan de efecto disuasorio para quienes quieren empadronarse aquí ilegalmente porque sin ellas les estamos llamando a que vengan”, ha expuesto. El portavoz
del PSOE, Manuel Hernández, ha acusado a Vox de querer “discriminar” y “segregar” a las personas, “algo que impide la Constitución”. “Más control sí, pero no diferenciar por origen o procedencia: es ridículo y, si me apura, sectario”, ha censurado. Su homóloga del MDyC, Fatima Hamed, también ha reprochado a Verdejo que “parece pretender enfrentar a nuestros vecinos, que son lo que vienen al Registro de la Ciudad”. Deu ha cifrado en “más de 1.200” los empadronamientos cancelados en lo que va de año “por inscripción indebida” en aplicación de la legislación especialmente adaptada a la realidad “transfronteriza” de Ceuta y Melilla y ha defendido las medidas adoptadas durante las últimas legislaturas por el PP, que en 2018 permitieron dar de baja o negar la inscripción a 820 y 827 personas, respectivamente. Desde 2013, cuando el Ejecutivo local puso en marcha un plan sostenido de “inspecciones aleatorias” de los datos de residencia efectiva en Ceuta, hasta principios de 2019 se ha expulsado del Padrón a 4.854 inscritos y se han localizado irregularidades en un 28% de los casos revisados.