La Ciudad Autónoma mantiene actualmente, en la cresta de la segunda ola de la pandemia del
coronavirus hasta la fecha, a un total de 36
empleados públicos haciendo sus funciones a distancia por medios telemáticos, 31 por razones de conciliación familiar y cinco por motivos médicos, según precisaron ayer fuentes de la Administración local después de que los sindicatos urgiesen al Ejecutivo a minimizar la asistencia presencial de la plantilla.
Con las adquiridas en los meses de confinamiento, la Ciudad dispone de cerca de 200 licencias para permitir a sus empleados ‘teletrabajar’, aunque la intención del
Gobierno que preside Juan Vivas es ampliar esa dotación con la adquisición de más.
Además, hay “muchos mas funcionarios” a los que se les ha facilitado el acceso a Greta para que puedan acceder en cualquier momento, el sistema informático que se implantó para gestionar multitud de trámites administrativos.
El Área de Telecomunicaciones de la Administración local también se hizo en abril como centenar de licencias de “un software que da posibilidad de acceso a distancia a escritorios” e hizo hincapié en el desarrollo e implementación de “otros tipos de acceso a aplicaciones concretas: a firmadores vía móvil, correo electrónico vía web, etcétera”, para facilitar a los empleados públicos realizar su trabajo sin presencia física.
La “prestación de servicios de carácter no presencial”, consensuada
La Ciudad Autónoma definió formalmente ‘teletrabajo’ hace un lustro como “la modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial, basada en el uso de las tecnologías de la información, que posibilita que los empleados públicos puedan realizar parte de su jornada laboral desde su domicilio particular”. Su jornada ordinaria quedó establecida en un decreto fallido hace cinco años en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo. En todo caso, la decisión que se adoptase debería ser “consensuada entre los responsables de cada unidad administrativa y los teletrabajadores” y la Administración debía “proveer de los servicios técnicos adecuados al empleado público teletrabajador para que pueda realizar el trabajo desde su domicilio” y el asalariado, “los medios técnicos necesarios como ordenador, conexión a Internet, teléfono o similares”.
CSIF denuncia que se mantiene en secreto la identidad de los empleados con teletrabajo
"Desde CSIF llevamos reivindicando desde que se iniciará el teletrabajo en nuestra ciudad que se nos informe a las centrales sindicales de a quién se le otorga el teletrabajo y cuál es el motivo por el cual se le otorga ya que, dicha concesión, supone una modificación en las condiciones laborales y desde RRHH no han trasladado dicha información a la mesa negociadora como es perceptivo", han criticado desde el sindicato. A su parecer, el Gobierno "debe ocultar algo" a los de los trabajadores sepamos ya que si no, dicen, hubieran entregado dicha información desde hace meses. Destacan, además, que aunque algunos medios de comunicación han publicado de manera reciente que el número de empleados con teletrabajo asciende a 36, dice CSIF, parece ser que a ellos se les comunicó "verbalmente" en la anterior mesa negociadora que realmente eran casi cien de los 1300 empleados públicos los que habían obtenido una licencia para trabajar desde sus hogares. "Tampoco se nos ha comunicado si los casi cien empleados que tienen concedido el teletrabajo, según Recursos Humanos", lo alternan con trabajo presencial o no", matizan. Por último, han querido volver a reivindicar, además de lo anterior, que cualquier otra modificación u otorgamiento de teletrabajo "debe ser elevada a la mesa general de negociación" pues, entienden, suponen una modificación de las condiciones laborales de los empleados públicos.