La Ciudad Autónoma mantiene actualmente vivas cerca de 200 demandas de distintos particulares, empresas, comunidades de propietarios y Administraciones Púbicas por las que le reclaman alrededor de 23 millones de euros que tendría que desembolsar, en el mejor de los casos, renunciar a cobrar, según la relación detallada de pleitos abiertos elaborada por la Consejería de Hacienda para la última Sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea, en la que Kissy Chandiramani fue interpelada por el
PSOE en relación con el volumen de procesos en los que se recurría a abogados externos para defender el interés general de las arcas públicas. Casi la mitad del total reclamado judicialmente a la Administración se corresponde con un solo proceso, el de un particular disconforme con las condiciones de una expropiación que pretende recibir nada menos que 11,8 millones de euros, tal y como consta en el procedimiento 557/17, abierto desde septiembre del año pasado. Mucho más recientes, concretamente de octubre y noviembre de este mismo ejercicio, son las demandas interpuestas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), formada por ACC y Joca, contra Acemsa, a la que se reclaman algo más de dos millones de euros. Hasta nada menos que 4,1 millones se va, sin embargo, la reclamación de otra UTE, la que construyó el Campus. La que hizo los estacionamientos del ‘Plan Aparca’ también quiere ingresar algo más de 600.000 euros. La relación de empresas con conflictos judiciales abiertos contra la Ciudad es casi infinita e incluye desde grandes constructoras como Dragados hasta compañías como Baleària que se niegan a abonar sanciones que no llegan a 6.000 euros. Defensa tampoco quiere abonar los 1,5 millones de euros que le impuso la Ciudad por el incendio generado en García Aldave por unos ejercicios de tiro. La Dirección General de la Benemérita tiene dos pleitos abiertos, uno “indeterminado” y otro por 262.536 euros.
La concesionaria de la limpieza, la gran demandante
La UTE concesionaria de la limpieza pública viaria y la recogida de basuras mantiene varias demandas contra la Ciudad para conseguir cobrar las detracciones que desde junio del año pasado, a su juicio irregularmente, le ha aplicado la Administración en sus certificaciones mensuales. Otras empresas del mismo grupo que ACC como Makerel Medioambiental también tienen interpuestos distintos pleitos para cobrar facturas a la Ciudad.
Demandas políticas sobre el Reglamento y los sueldos en el Gobierno
La lista de demandas abiertas contra la Ciudad Autónoma incluye casos que no se ciñen exclusivamente a reclamaciones de cantidad sin que tienen un carácter más bien político. Entre ellas se cuentan la abierta por la portavoz del MDyC contra el Reglamento de la Asamblea o la que planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace ya un año y medio Ciudadanos cuestionando el cobro del plus de residencia por parte de los políticos que son funcionarios en situación de servicios especiales. En este caso, en caso de ganar la parte demandante incluso podría ser la Administración la que obtuviese un rendimiento económico positivo, ya que los de Javier Varga estimaban que los afectados podrían tener que devolver lo cobrado indebidamente durante los últimos cuatro años. Ciudadanos impugnó las Bases del Presupuesto de la Ciudad que reconocen a ese perfil el derecho a percibir la indemnización por residencia, un concepto que según la formación naranja solo se extiende a los trienios. En esa situación está el presidente autonómico, Juan Vivas, desde hace quince años y actualmente tres de sus consejeros (Jacob Hachuel, Emilio Carreira y Mabel Deu) y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo. Varga calculó que deberían devolver “unos 300.000 euros” en total.