Hace siete años Emilio Carreira era consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Ceuta y Juan Gutiérrez, solo secretario del Comité de Empresa de
Trace, que no había llegado ni al ecuador de su contrato de 10 años como adjudicataria del servicio de
limpieza pública y recogida de residuos. En febrero de 2016, los sindicalistas llegaron a ‘escrachar’ por todo el centro de la ciudad al ahora director general, que obligó a la UTE a
acceder a los acuartelamientos militares para recoger también sus basuras.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado ahora a la Ciudad a abonar a la concesionaria casi 440.000 euros más intereses legales por el trabajo realizado entre el 1 de enero de 2016 y finales de 2018 tras estimar el
recurso interpuesto por Trace contra la sentencia dictada en julio del año pasado en primera instancia en Ceuta.
“Es menester compensar a la concesionaria por sobrecostes derivados del aumento de servicios y personal a su cargo que alteraron el equilibrio económico financiero del contrato”, se ha dictaminado.
Según la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, “es pacífico que a partir de 2016, sin mediar una revisión formal del Plan de Servicios, la concesionaria tuvo que hacerse cargo de 18 nuevos puntos de recogida” correspondientes con instalaciones militares.
Esa “novedosa situación” llevó a Trace a incorporar dos trabajadores, decisión que calmó la revuelta sindical organizada.
Enriquecimiento injusto
“Es indubitado que la actora, sin aguardar a la aprobación de la revisión del Plan de Servicios ni solicitar la tramitación de un modificado del contrato, prestó los nuevos servicios (con dos trabajadores subrogados), y también que las nuevas prestaciones beneficiaron a la
Administración demandada”, razona la Sala, a la que no convence el “escueto” informe de finales de 2015 que auguraba que una “futura adaptación de las rutas de recogida evitaría sobrecostes”.
Un estudio de la UTE concluyó, sin embargo, que debido al ajuste horario de las distintas rutas que realizaban el servicio actualmente, la incorporación de los nuevos puntos de recogida exigió “la incorporación de una nueva ruta de recogida de lunes a sábado para acometer la de los distintos acuartelamientos con las frecuencias establecidas”. El sobrecoste de lunes a sábado se cuantificó en unos 155.000 euros anuales.
“El enriquecimiento de la Administración y el correlativo empobrecimiento de la UTE no encuentra causa en un modificado del contrato u otra investidura contractual formal, por lo que procede pues su compensación con carácter indemnizatorio”, razona el veredicto.
El fallo concluye que “no cabe declarar, por envolver una inadmisible condena pro futuro, la obligación de la Ciudad a incluir en lo sucesivo tales partidas en las certificaciones mensuales que hayan de ser emitidas en el marco del contrato administrativo”.