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La Ciudad quiere cerrar Piniers antes de fin de año

Menores prevé transformar ya uno de sus cuatro módulos en un espacio de ocio y formativo

La digestión de las consecuencias más prácticas de la crisis migratoria de mayo está lejos de haber terminado, pero va avanzando. La administración local, que actualmente mantiene acogidos a algo más de 420 niños migrantes solos en Ceuta, el mismo número que tenía hace un año, espera poder clausurar “antes de final de año” el albergue provisional de Piniers, uno de cuyos cuatro módulos de alojamiento va a ser transformado de inmediato en un espacio de ocio y formativo.

Según la vicepresidenta Primera del Ejecutivo local, Mabel Deu, seis meses después de la avalancha la ciudad sigue “en una situación inasumible”, con cerca de un millar de menores y adultos marroquíes albergados en ‘La Esperanza’ y Piniers, en el primer caso, y las naves del Tarajal, en el segundo.

Una parte no cuantificada de esas personas no llegaron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo, sino posteriormente, en el marco de las entradas que casi a diario se producen sobre todo por la vía marítima, donde las Fuerzas de Seguridad rechazan cada jornada a una media de veinte migrantes irregulares.

La Ciudad Autónoma prevé rebajar todavía más la cifra de menores no acompañados acogidos durante las próximas semanas. Por un lado, porque al menos una docena cumplirán los 18 años antes de que comience 2022. Por otro, porque se espera realizar más de medio centenar de traslados a la península para reagrupaciones familiares con allegados asentados al otro lado del estrecho, para dar protección a jóvenes con perfiles especialmente vulnerables y aprovechando las plazas que todavía no se han cubierto del reparto de 200 pactado con todas las autonomías y el Ministerio de Derechos Sociales.

“Si nos encontramos con un grupo de unos 350 es posible que tengamos capacidad en ‘La Esperanza’ para albergarlos a todos y, si no, a la gran mayoría, manteniendo alguno de los recursos de Piniers u otros espacios que hemos habilitado”, estima la consejera de Presidencia.

En las entrevistas individuales realizadas hasta ahora a los niños no acompañados no se ha localizado más de una decena de casos en la que los menores quieran volver y los progenitores, que lo hagan.

“La Ciudad no debe asumir sola el coste económico”

Para Deu la situación en Ceuta sigue siendo “insostenible porque seguimos acogiendo a un número muy importante de personas adultas y menores, porque no tenemos recursos para atenderlos, porque son muchos los servicios que hay que sostener y por en marcha y porque en esta ciudad no tenemos capacidad para darles asistencia de manera digna”. La también consejera de Presidencia considera que hasta el 31 de octubre el coste para la administración local de las repercusiones de la crisis de mayo está “en el entorno de 11 millones de euros que Ceuta no puede ni debe asumir en solitario con su presupuesto”.

“Intentamos lograr un retorno ágil de los menores a sus hogares”

La vicepresidenta Primera del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu, competente en materia de Menores como responsable de Presidencia y Relaciones Institucionales, sigue esperando que los expedientes de repatriación que todavía no ha incoado la Delegación puedan avanzar para “permitir a las familias que desean el retorno de sus hijos, aunque su situación económica no sea desahogada, recuperarlos”.

“En la frontera nos hemos encontrado hasta a alguna madre que había cruzado irregularmente a nado a Ceuta para recuperar a un hijo y nosotros lo que intentamos en agosto fue lograr un retorno asistido ágil de los menores a sus hogares, en los que van a estar mejor que en situaciones de precariedad como las que se pueden dar en la ciudad”, argumenta la consejera.

El Gobierno local renunció a solicitar un esfuerzo adicional al resto de regiones con los niños llegados en mayo, pero sigue pensando que “es necesario que el Ejecutivo central y toda la Unión Europea se impliquen de manera definitiva en la ordenación de las migraciones tanto de adultos como de menores con el fin de concretar la capacidad de acogida de cada territorio para, a partir de ahí, trasladar a los que se pueda si el Gobierno de España arbitra las medidas y apoyos que tiene que poner para hacerlo factible”.

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