La cifra oculta de la trata: lo que se esconde en las viviendas y en Internet

La cifra de víctimas de trata con fines de explotación sexual siguió disminuyendo el año pasado y fue un 17,4% inferior a la de 2017, si bien desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) avisan: las estadísticas bajan, pero no los casos, que permanecen “escondidos”.

En el caso de Ceuta se han registrado 18 casos de explotación sexual que hayan sido denunciados y ninguno que conste de índole laboral. La explotación sexual ha cambiado la calle por las viviendas y negocios particulares y ello, sumado a internet, que "facilita el acceso a este tipo de delito", oculta los casos porque obstaculiza mucho la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, explican fuentes del Citco.

Según el último balance estadístico 2014-2018 elaborado por el Centro, 2018 se registraron 128 víctimas de trata sexual, la inmensa mayoría (117) mujeres, seis niñas y cinco hombres. En 2017 fueron 155 las víctimas, frente a las 148 de 2016, las 133 de 2015 y las 153 del año inmediatamente anterior.

No obstante, eran 9.315 las personas que estaban en riesgo, cuando el año anterior eran 10.111 y en 2014 sumaban 13.983. En total, se abrieron 2.036 inspecciones administrativas en lugares en los que se ejerce la prostitución.

Nacionalidades: más casos de nigerianas

Por nacionalidades, la mayor parte de las víctimas (34) eran de Nigeria donde, apuntan en el Citco, "la trata es de base"; pero, por primera vez, han irrumpido en los primeros puestos (en concreto, el segundo y el tercero, desplazando así a las rumanas) las mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana, con 19 y 18.

"La situación política de estos países y otros como Nicaragua determina que las mujeres sean personas en situación de riesgo y acaben tratadas en muchísimos países. En muchos casos saben que van a ejercer la prostitución, pero desconocen las condiciones", subrayan las mismas fuentes.

También aparecen las españolas, aunque en octavo lugar con 4 víctimas, algo "rarísimo" porque cuando "se habla de trata en España miramos hacia afuera", aseguran en este departamento dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Algo que también puede parecer "raro" es que la principal nacionalidad de los 232 detenidos por estos delitos fueron españoles, con 53, por encima de los 50 rumanos o los 46 nigerianos. El motivo es simple, y es que "la trata se suele detectar cuando ya se está cometiendo la explotación".

Por ello, a quien se detiene "es a los autores de la explotación como en cualquier grupo de crimen organizado. Hay personas en la oscuridad que trabajan desde otros países que son muy difíciles de detectar".

Turismo en “chiringuitos de playa”

En cuanto a la trata con fines de explotación laboral, el balance del Citco pone de manifiesto un aumento del 62% al pasar de 58 a 94, aunque advierten que este aumento es consecuencia de un solo caso registrado a finales de año en Barcelona, donde se desarticuló a una banda que explotaba a jóvenes vietnamitas en centros de manicura.

De ahí que sea la de este país asiático la principal nacionalidad de las víctimas de trata laboral de 2018, cuando el año anterior fue la rumana, y que los detenidos del país asiático ascendieran a doce, solo superados por los 25 rumanos y los 14 españoles.

Al contrario de lo que ocurre con la sexual, el perfil de la víctima de explotación laboral es el de un chico joven de entre 23 y 27 años que trabaja en el sector agrícola, la construcción o incluso el turismo en "chiringuitos de playa".

De hecho, de las 90 víctimas adultas, 73 fueron hombres y el resto mujeres.

Porque hubo también cuatro menores explotados laboralmente, tres de ellos niñas; en la mayoría de las ocasiones son usados para la mendicidad o como "anzuelo" de carteristas. También se dio el caso de una menor víctima de trata para matrimonios forzados en Andalucía.

Con todo, las fuentes consultadas aseguran que España es sobre todo un país de tránsito de las mafias de explotación, aunque también presenta actividad. Y así seguirá siendo, apuntan desde el este organismo, mientras siga sin "criminalizarse la demanda", que es donde ahora mismo está poniendo el foco la UE.