La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha externalizado por 1,2 millones de euros a la empresa TPF Getinsa Euroestudios el servicio para tramitar los borradores de informes técnicos sobre autorizaciones en el Dominio Público Hidráulico, de incidencias sectoriales en materia Medioambiental y Urbanística y los derivados de las modificaciones de la Ley Hipotecaria en la cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, Ceuta y Melilla.
En ese paquete se incluye, según han indicado fuentes de la Administración local, en ansiado dictamen que sobre riesgo de inundaciones espera la Ciudad Autónoma para poder completar los trámites ante el Ministerio de Transición Ecológica los trámites pendientes del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento sobre el que el presidente Vivas ha asegurado durante las últimas semanas que el Ejecutivo local ya tiene “todos los deberes hechos”.
El Ministerio de Transición Ecológica advirtió al Gobierno autonómico el 12 de julio del año pasado de la necesidad de incorporar a la Memoria Ambiental que se le había hecho llegar un dictamen del organismo regulador certificando que el documento se adecua al Plan de Prevención de Riesgos de Inundaciones.
La Ciudad Autónoma puso en conocimiento de la CHG “ese mismo día” dicho requerimiento. En octubre, durante una visita a Ceuta, el presidente de la Confederación transmitió al Gobierno autonómico que el escrito estaría listo en “cuatro o cinco semanas”. “Tenemos a la Comisaría de Aguas movilizada para completarlo con la mayor celeridad porque sabemos de la importancia que ese documento tiene para cualquier ciudad”, señaló Páez.
Sin embargo, al mes siguiente el organismo regulador trasladó a la Administración local el 20 de noviembre una solicitud de siete puntos de información adicional sobre el nuevo PGOU y sobre el Plan Hidrológico de Ceuta.
La Ciudad Autónoma respondió a esa solicitud el 20 de diciembre con la documentación y la Consejería de Fomento espera desde entonces el dictamen de la CHG, que según han indicado desde el departamento que hasta ahora dirigía Kissy Chandiramani y cuyas riendas tomará desde hoy Alberto Gaitán “asegura que se ha propuesto completar el informe como máxima prioridad”.
La Confederación externalizó el servicio de elaboración de informes definitivamente hace apenas dos semanas. El 19 de febrero se produjo la adjudicación definitiva con un horizonte de quince días hábiles para formalizar el contrato “desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos”. Transcurrido dicho plazo se requerirá al adjudicatario “para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento”.
El plazo de ejecución de los trabajos se extiende durante un año y medio.
El Gobierno de Vivas ha señalado “aprobar el nuevo PGOU” como una de las medidas que precisan de ejecución “urgente” dentro de su plan para redirigir el modelo económico y de ciudad de Ceuta hacia “más España y más Europa”. Para el Ejecutivo del PP “ahora que es más necesario que nunca, todas las oportunidades de crecimiento que ofrezcan, entre otros, el puerto, el turismo, los servicios, la economía digital y el sector inmobiliario y de la construcción”.
En este último caso, “mediante la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana” en particular y, en general, a través de “la puesta en marcha del Plan Estratégico que con tal finalidad ha sido elaborado”.
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